Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso local aprobó por unanimidad la reforma impulsada por la diputada Ana Laura Huerta para ampliar el delito de fraude y sancionar de manera específica el fraude inmobiliario cometido en plataformas digitales.
La legisladora argumentó que la actualización del Código Penal permitirá brindar mayor seguridad jurídica a quienes realizan transacciones en línea, especialmente en operaciones relacionadas con venta, renta o traspaso de bienes inmuebles.
La modificación recae en la fracción 20 del artículo 418 del Código Penal, incorporando de forma expresa el uso de redes, plataformas digitales, tiendas en línea y cualquier medio tecnológico como vías para cometer engaños.
Con esta reforma, se castigará a quien, mediante redes sociales, sitios web o aplicaciones móviles, induzca al error al consumidor ofreciendo bienes inmuebles, productos o servicios inexistentes o falsos.
Huerta Valdovinos, destacó que la propuesta cuenta con el respaldo técnico de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial de Tamaulipas, que emitieron opiniones favorables al ajuste legislativo.
Subrayó que reconocer formalmente las nuevas modalidades delictivas fortalece la protección del patrimonio ciudadano y coloca a la entidad en sintonía con estándares internacionales de justicia digital y acceso seguro a tecnologías.
Al fijar postura, la diputada del PAN, Rosario González Flores, respaldó la iniciativa al considerar que moderniza el marco jurídico frente al crecimiento de fraudes en entornos electrónicos.
No obstante, advirtió que la reforma debe ir acompañada de una procuración de justicia actualizada, con plataformas tecnológicas, presupuesto suficiente y capacidad operativa para investigar eficazmente estos delitos.
Coincidió en que tipificar el fraude digital es un paso indispensable, pero insistió en que las instituciones encargadas de investigar y sancionar requieren herramientas modernas para responder con rapidez ante las denuncias.
Finalmente, tras el debate en Comisiones, la iniciativa fue sometida a votación y obtuvo el respaldo unánime de las y los legisladores presentes, consolidando un nuevo marco penal contra el fraude inmobiliario digital.
