Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La diputada Mayra Benavides, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para eliminar el cobro por corrección y rectificación de actas del Registro Civil en Tamaulipas.
Desde tribuna, planteó adicionar el artículo 29 Bis a la Ley Reglamentaria del Registro Civil, estableciendo que toda corrección, modificación o rectificación opere bajo el principio de gratuidad.
La propuesta también contempla derogar el inciso b) de la fracción II del artículo 62 de la Ley de Hacienda estatal, que actualmente fija el cobro por estas correcciones administrativas.
Benavides, argumentó que el Registro Civil es una institución esencial del orden público, pues sus actas garantizan identidad, filiación y estado civil, pilares jurídicos para ejercer múltiples derechos.
Subrayó que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe protegerse sin cargas económicas indebidas.
En su exposición de motivos, señaló que errores mecanográficos, ortográficos o de captura son frecuentes en actas, particularmente en registros de personas adultas mayores.
Aunque estos errores no son intencionales, generan consecuencias legales y administrativas para la ciudadanía, obligándola a pagar por corregir fallas atribuibles al propio Estado.
Actualmente, explicó, la ley establece un cobro equivalente a tres veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 351.93 pesos por la corrección.
A ello se suma el costo de expedición de una nueva acta con los datos rectificados, por 117.31 pesos adicionales, elevando el monto total a 469.24 pesos.
La legisladora calificó esta práctica como injusta, pues traslada al ciudadano el costo de un error administrativo que no provocó y que la autoridad está obligada a subsanar.
Desde una perspectiva de justicia administrativa, sostuvo que no puede cobrarse un derecho cuando no existe un servicio voluntario, sino la reparación de un acto defectuoso.
Benavides enfatizó que imponer este pago vulnera principios de legalidad y proporcionalidad, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“Nadie debe pagar por corregir un error que no cometió”, afirmó al defender que el Estado debe asumir responsabilidad por sus propias fallas administrativas.
La reforma busca garantizar que el acceso a documentos que acreditan la identidad no dependa de la capacidad económica de las personas.
