Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada Lucero Deosdady Martínez López presentó una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones de Tamaulipas y obligar al gobierno a garantizar transparencia, ética y ausencia de sesgos en la compra de sistemas de Inteligencia Artificial.
La propuesta legislativa plantea establecer un esquema de “Responsabilidad Algorítmica Proactiva”, con el fin de asegurar que las tecnologías de inteligencia artificial utilizadas por el Estado operen bajo criterios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Entre los cambios se contempla que, al adquirir sistemas de inteligencia artificial o herramientas de toma de decisiones automatizadas, los proveedores deberán presentar certificaciones de ausencia de sesgos discriminatorios, además de dictámenes de impacto ético y social.
La iniciativa también busca evitar que el gobierno contrate tecnologías opacas o conocidas como “caja negra”, cuyos algoritmos no permiten explicar cómo se generan decisiones que pueden afectar derechos de las personas.
En ese sentido, se propone que los contratos incluyan cláusulas que obliguen a los proveedores a explicar el funcionamiento de los algoritmos, permitir auditorías técnicas y asumir corresponsabilidad en caso de fallos que vulneren derechos de terceros.
Otro punto central es trasladar parte del riesgo jurídico a las empresas desarrolladoras de software, estableciendo que responderán civilmente por errores de diseño o funcionamiento de los sistemas automatizados.
La reforma también permitiría que el Estado rescinda contratos cuando se detecten sesgos discriminatorios o uso de datos de origen ilícito en sistemas de inteligencia artificial adquiridos por la administración pública.
La diputada señaló que el avance tecnológico exige actualizar los marcos legales, ya que la incorporación de inteligencia artificial en procesos gubernamentales puede mejorar la eficiencia, pero también generar riesgos de discriminación o decisiones injustificadas.
Con esta iniciativa, explicó, se busca que el gobierno no sea solo un comprador de tecnología, sino un garante de que las herramientas digitales operen con criterios éticos, transparencia y supervisión humana.
De aprobarse la reforma, Tamaulipas incorporaría estándares internacionales para el uso responsable de inteligencia artificial en la administración pública, alineándose con regulaciones adoptadas en Europa, Canadá y otros países que ya avanzan en esta materia.
