Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El Sistema Estatal Anticorrupción advirtió que los servidores públicos que incumplan con la presentación de sus declaraciones patrimoniales o registren inconsistencias en sus bienes e ingresos podrían enfrentar sanciones administrativas o legales.
El secretario ejecutivo del organismo, Félix Velasco Arévalo, explicó que los funcionarios están obligados a reportar de manera transparente sus bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias e ingresos para garantizar la rendición de cuentas.
Precisó que cuando se detectan irregularidades en la evolución patrimonial de un servidor público, se inicia un procedimiento respaldado por pruebas que posteriormente se turna a las autoridades correspondientes para su análisis.
En esos casos, la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno determina si la conducta constituye una falta administrativa grave o menor, mientras que instancias como la Auditoría Superior del Estado o la Fiscalía Anticorrupción pueden intervenir.
Velasco Arévalo recordó que reformas recientes fortalecieron el sistema de fiscalización al incorporar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la vigilancia del gasto federal, mecanismo que también se replica en las entidades.
A nivel estatal, señaló, la supervisión del manejo de recursos se realiza en coordinación con la Secretaría de Finanzas, lo que permite reforzar los controles sobre el uso del presupuesto público.
El funcionario agregó que las obligaciones de responsabilidad no se limitan a servidores públicos, ya que incluso integrantes del Comité de Participación Ciudadana pueden recibir sanciones si incumplen con sus responsabilidades.
Indicó que este órgano desempeña un papel relevante en la vigilancia de posibles actos de corrupción, por lo que sus integrantes también deben cumplir con reglas claras de transparencia y asistencia a sus convocatorias.
Velasco Arévalo subrayó que el ejercicio del poder público exige actuar con ética, responsabilidad y apego a los principios de integridad que deben caracterizar el servicio público.
Finalmente, reiteró que más de 33 mil funcionarios obligados a presentar su declaración patrimonial deben entender este proceso no como un mecanismo de confrontación, sino como una herramienta para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.
