Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante el mes de marzo, al menos doce escuelas de nivel básico en Tamaulipas —entre kínder, primaria y secundaria— han sido cerradas por padres de familia ante la falta de respuesta de autoridades educativas.
Las inconformidades van desde la ausencia de docentes, problemas de seguridad, casos de violencia y bullying, hasta presuntas irregularidades administrativas, factores que han llevado a los padres a bloquear el acceso a planteles escolares.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la Secundaria número 2 de Ciudad Victoria, donde padres exigieron condiciones de seguridad tras denuncias de violencia, así como presuntos casos de ingreso de drogas y armas por parte de alumnos.
Ante este escenario, Alejandro Águila Argüelles, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), expresó su respaldo a las acciones emprendidas por los padres en diversos planteles del estado.
El dirigente sostuvo que la toma de escuelas puede ser una forma legítima de manifestación cuando las autoridades educativas no atienden los problemas denunciados por las familias de los estudiantes.
Sin embargo, precisó que antes de llegar a ese tipo de medidas, los padres deben dejar constancia de que presentaron denuncias o quejas formales por los canales institucionales correspondientes.
Solo cuando las autoridades educativas ignoran o desatienden estas denuncias, señaló, se justifica recurrir a acciones de presión como el cierre de escuelas para exigir respuestas y soluciones.
Águila Argüelles cuestionó qué ocurre cuando un estudiante ingresa un arma blanca al plantel y, pese a reportarse el hecho, ni directivos ni autoridades educativas toman medidas preventivas.
“¿Debe esperarse a que ocurra una tragedia para actuar?”, planteó el dirigente nacional, al insistir en que la omisión de las autoridades ante estos hechos genera preocupación entre los padres.
Recordó que los planteles escolares son espacios públicos y, ante la ausencia de respuestas institucionales, los padres tienen derecho a manifestarse para exigir condiciones adecuadas para la educación de sus hijos.
Cuando el diálogo se agota y las autoridades permanecen indiferentes, agregó, la manifestación se convierte en una herramienta legítima que puede tomar distintas formas según decidan los propios padres.
El presidente de la ANPAF también lanzó críticas directas contra el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, a quien calificó como un funcionario que no ha ofrecido soluciones.
Señaló que su desempeño ha sido gris y cuestionó si se trata de falta de conocimiento en materia educativa o de limitaciones políticas para actuar dentro de la dependencia estatal.
En ambos casos, advirtió, se estaría vulnerando el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en condiciones seguras y adecuadas.
El dirigente comparó la situación con las estrategias de presión utilizadas por organizaciones magisteriales como la CNTE, que recurren al cierre de espacios públicos para obligar a las autoridades a escuchar sus demandas.
A diferencia de estos grupos, afirmó, los padres de familia rara vez son escuchados por las autoridades, lo que refleja —dijo— un gobierno indiferente ante un problema esencial como la educación.
Finalmente, recordó que los propios padres suelen aportar recursos económicos para el mantenimiento de las escuelas, pese a que esa responsabilidad corresponde al Estado.
Advirtió que muchas instituciones educativas se mantienen gracias a esas aportaciones, mientras que la falta de sanciones contra funcionarios que desvían recursos mantiene un problema estructural sin resolver.
