Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas apretará el gasto público en 2026 con una política de austeridad y control financiero que proyecta ahorros de hasta 120 millones de pesos.
La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, confirmó que las medidas se enfocan en la reorganización interna de dependencias y en una estricta disciplina del gasto.
Explicó que durante el resto del año se mantendrá la reducción de niveles jerárquicos, así como la optimización en los procesos de compra en las 17 dependencias y organismos descentralizados.
La funcionaria precisó que no se contempla una nueva reestructuración administrativa en lo que resta del año, debido a que varias dependencias aún se encuentran en proceso de ajustes internos.
Indicó que estos cambios deberán concluir para formalizar su análisis y posteriormente ser publicados en el Periódico Oficial del Estado conforme a los procedimientos establecidos.
Manautou Galván señaló que estas políticas se aplican de manera transversal en toda la administración pública estatal con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera.
La titular de Administración explicó que su dependencia ya concluyó el proceso de revisión y modificación de su estructura orgánica.
Detalló que dichas modificaciones fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado y entraron en vigor a partir del 16 de enero del presente año.
No obstante, aclaró que otras dependencias continúan en proceso de revisión estructural para ajustar sus organigramas y optimizar su funcionamiento interno.
La funcionaria destacó que los cambios implementados permitirán generar ahorros importantes en el gasto público de manera sostenida.
Precisó que tan solo en el rediseño de estructuras administrativas se estima un ahorro anual de al menos 120 millones de pesos.
Estos ajustes incluyen la reducción de niveles jerárquicos, pasando de subsecretarías a direcciones generales, así como de direcciones generales a direcciones de área.
En algunos casos, agregó, las modificaciones han implicado la transición de cargos hacia niveles operativos como jefaturas de departamento, en función de la eficiencia institucional.
Con estas medidas, el gobierno estatal busca mantener finanzas sanas y una administración más eficiente, alineada con criterios de austeridad y racionalidad del gasto público.
