El Servicio de Administración Tributaria retiró la autorización para recibir donativos a más de 100 organizaciones civiles y dio de baja a otras 13, en una decisión que impacta directamente su financiamiento.
La autoridad fiscal argumentó que estas organizaciones dejaron de cumplir con los requisitos legales vigentes para operar como donatarias autorizadas, lo que derivó en la cancelación de sus beneficios fiscales.
De acuerdo con la legislación fiscal, aquellas organizaciones que no recuperen su estatus en un plazo de 12 meses deberán transferir la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada.
Entre las agrupaciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, reconocidas por su incidencia en temas educativos, económicos y de políticas públicas.
La medida fue detallada en un documento oficial de la Secretaría de Hacienda, donde se enlistan tanto las organizaciones que perdieron su autorización como aquellas eliminadas del registro fiscal.
Mexicanos Primero ha desarrollado estudios clave sobre el sistema educativo, evidenciando fallas en el uso del presupuesto y proponiendo rutas de transformación para mejorar los resultados académicos en el país.
Por su parte, México Evalúa ha documentado el desempeño del sistema de justicia penal y ha generado análisis sobre seguridad pública y combate a la corrupción en México.
El IMCO, en tanto, ha centrado sus investigaciones en economía, mercado laboral, energía y competitividad, posicionándose como un referente en análisis técnico de políticas públicas.
Parte de las cancelaciones se vincula con la falta de acreditación vigente en investigación científica, tras cambios legales que modificaron el reconocimiento de registros como el Reniecyt.
Especialistas advierten que existe un vacío normativo, ya que la legislación reciente no establece mecanismos claros para acreditar a organizaciones dedicadas a actividades científicas o tecnológicas.
Organizaciones afectadas señalaron que se encuentran regularizando su situación ante el SAT y esperan resoluciones en los próximos días, rechazando incumplimientos fiscales o administrativos.
Advirtieron que la medida no solo impacta la captación de donativos, sino también la confianza pública en su labor y la continuidad de proyectos sociales en marcha.
Activistas subrayaron que la sociedad civil es un componente esencial para la construcción de comunidad y no puede ser sustituida por políticas gubernamentales centralizadas.
Desde el ámbito académico, se advirtió que la cancelación de permisos podría desalentar el financiamiento privado y afectar el funcionamiento de organizaciones críticas en el debate público.
Expertos consideran que estas decisiones reflejan una tendencia de mayor control sobre la participación ciudadana organizada, lo que podría reducir espacios de análisis independiente y contrapeso institucional.
