Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La transición hacia la justicia oral en materia civil comienza a tensionar al Poder Judicial: el aumento de casos obligará a ampliar la plantilla de jueces en el estado.
La magistrada presidenta Tania Gisela Contreras López advirtió que el nuevo modelo, que concentrará más del 70 por ciento de los asuntos, exige mayor capacidad operativa en los juzgados.
Ante este escenario, confirmó que será necesario incorporar más juzgadores, ya sea mediante perfiles provenientes de la elección judicial o con nombramientos de carrera debidamente evaluados.
Explicó que el sistema no puede esperar a futuros procesos electorales, por lo que se deberán utilizar mecanismos inmediatos para cubrir vacantes y garantizar la continuidad del servicio judicial.
Una de las alternativas es convocar a quienes obtuvieron segundo o tercer lugar en la elección extraordinaria, bajo los lineamientos que establezca el Congreso del Estado.
Otra opción es designar perfiles de carrera judicial que cumplan con los requisitos técnicos, mediante procesos de valoración interna dentro de los órganos de administración del Poder Judicial.
Contreras López señaló que esta estrategia ya se aplica en otras entidades del país, donde la implementación de la oralidad ha obligado a rediseñar la estructura judicial.
Además, informó que desde el inicio de la actual administración se han registrado al menos tres renuncias de jueces de primera instancia y menores, lo que incrementa la presión institucional.
Aclaró que estas salidas obedecen principalmente a decisiones personales, relacionadas con salud, desarrollo profesional o cambios de residencia, y no necesariamente a factores estructurales del sistema.
En estos casos, explicó, el procedimiento establece que los segundos lugares de la elección judicial sean llamados para ocupar las vacantes de manera inmediata.
Este mecanismo, sostuvo, fortalece el modelo democrático de elección de jueces, al permitir una sustitución ágil sin afectar la operatividad del sistema.
Sin embargo, el reto de fondo sigue siendo mayor: garantizar que el crecimiento de la carga judicial no rebase la capacidad institucional en un modelo que apenas comienza a consolidarse.
