Ciudad Victoria.– El Congreso del Estado aprobó una nueva Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial, con lo que Tamaulipas estrena un marco legal específico en una materia históricamente relegada.
La votación se dio durante la sesión ordinaria del Pleno, con la presencia de integrantes del Colegio de Psicólogos del Estado de Tamaulipas, en una jornada que colocó la salud mental en el centro de la agenda legislativa.
El nuevo ordenamiento surge de la integración de tres iniciativas promovidas por diputados de Morena y del PRI, que coincidieron en la necesidad de dar respuesta jurídica a una problemática creciente.
La ley establece que la salud mental será reconocida como un derecho de toda persona que resida o transite en Tamaulipas, bajo principios de dignidad humana, no discriminación y perspectiva de género.
Uno de los puntos más relevantes es que obliga al Estado a garantizar acciones de promoción, prevención, atención integral, rehabilitación, recuperación e inclusión social en esta materia.
Además, fija como prioridad un modelo comunitario, lo que implica privilegiar la atención cercana al entorno de las personas, evitando tratamientos restrictivos y fortaleciendo el acompañamiento familiar y social.
La norma crea el Sistema Estatal de Salud Mental y Bienestar Psicosocial, con el propósito de articular instancias, programas y servicios para planear, operar y evaluar la política pública en todo el estado.
También contempla la creación de una Unidad Técnica Estatal adscrita a la Secretaría de Salud, con autonomía técnica para coordinar acciones, integrar diagnósticos y dar seguimiento a la red de servicios.
Otro de los ejes centrales es la instalación de un Consejo Estatal de Coordinación, donde participarán dependencias de salud, educación, bienestar, seguridad, trabajo, finanzas, DIF, academia y sociedad civil.
La ley incorpora un catálogo amplio de derechos para las personas usuarias, entre ellos el acceso a servicios de calidad, la confidencialidad de sus datos, el consentimiento informado y el trato digno.
También prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación, maltrato, violencia, estigmatización o prácticas degradantes relacionadas con la atención en salud mental.
Entre sus disposiciones más sensibles, establece protección especial para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, víctimas de violencia, personas con discapacidad, migrantes y población en riesgo suicida.
En el caso de menores de edad, la ley ordena protocolos de detección temprana, acompañamiento familiar y límites estrictos en la prescripción de psicofármacos, prohibiendo su uso como castigo o control.
Además, obliga a construir rutas de atención interinstitucional para mujeres víctimas de violencia, personas privadas de la libertad y comunidades rurales, indígenas o afromexicanas con barreras de acceso.
La nueva legislación también da un paso importante al ordenar la creación de un Programa Estatal de Prevención del Suicidio, con atención telefónica y digital, protocolos de crisis y seguimiento especializado.
En escuelas y centros de trabajo, la ley mandata programas de educación socioemocional, prevención del acoso, capacitación en primeros auxilios psicológicos y acciones contra riesgos psicosociales.
Otro punto relevante es que regula el internamiento como último recurso terapéutico, imponiendo salvaguardas, revisiones periódicas y prohibiciones expresas contra aislamientos indebidos y tratos crueles o degradantes.
La ley también obliga al Estado a generar presupuesto progresivo, informes semestrales, indicadores públicos y evaluaciones externas, con el fin de evitar que el nuevo marco quede solo en el papel.
Con esta aprobación, Tamaulipas da un giro legal en materia de salud mental al pasar de acciones dispersas a un sistema estatal con reglas, instituciones, obligaciones y mecanismos de coordinación formal.
