Ciudad de México.– Ante el impacto ambiental por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el gobierno federal intensificó acciones de contención, limpieza e investigación para determinar su origen.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha inspeccionado más de 32 puntos, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos, como parte de un operativo integral en zonas afectadas.
Entre los sitios atendidos destacan la laguna del Ostión en Coatzacoalcos, así como playas y cuerpos de agua en Tabasco, donde se han supervisado labores de saneamiento.
Las autoridades mantienen diálogo con especialistas y organizaciones civiles para recabar información técnica sobre la presencia de hidrocarburos y sus posibles efectos en flora y fauna.
El grupo interinstitucional que atiende la contingencia está integrado por dependencias federales, empresas del sector energético y autoridades estatales, bajo un esquema de coordinación operativa permanente.
Las acciones se concentran en cinco ejes, entre ellos la limpieza de costas mediante brigadas que realizan recolección manual, instalación de barreras y uso de tecnología para contener el crudo.
Hasta el momento, se han retirado cerca de 128 toneladas de residuos contaminados en más de 165 kilómetros de litoral en Veracruz y Tabasco, evitando su expansión hacia ecosistemas vulnerables.
Además, se brinda atención directa a comunidades pesqueras afectadas, con apoyos económicos y suministro de combustible, además de programas para mitigar el impacto en su actividad productiva.
Como parte de las medidas sociales, se habilitó una unidad médica móvil y se incorporó a pobladores en labores de limpieza mediante esquemas de empleo temporal en las zonas afectadas.
En paralelo, se desarrolla una investigación técnica que incluye imágenes satelitales, monitoreo de corrientes marinas, sobrevuelos y análisis de infraestructura para identificar el origen del hidrocarburo.
Las autoridades también realizan inspecciones en varios estados del Golfo, además de requerir información a empresas del sector energético para esclarecer posibles responsabilidades en el incidente.
El gobierno federal aseguró que, una vez determinado el origen, se aplicarán sanciones conforme a la ley, incluyendo responsabilidades administrativas, penales y ambientales, así como medidas de remediación.
