Ciudad Victoria.– Abogados en Tamaulipas buscan cerrar vacíos legales frente al uso de inteligencia artificial para manipular imágenes de menores, proponiendo sanciones severas contra este tipo de delitos digitales.
El Colegio de Abogados del estado anunció que impulsará una reforma al Código Penal para castigar con penas de siete a 12 años de prisión y multas económicas a quienes generen contenido sexual manipulado.
La propuesta contempla sancionar a quienes, mediante herramientas digitales o inteligencia artificial, alteren imágenes, audios o videos para simular actos sexuales o exhibicionismo con fines lascivos, especialmente cuando involucran a menores.
Asimismo, se plantea penalizar con la misma severidad a quienes almacenen, distribuyan, comercialicen o difundan este tipo de materiales a través de cualquier medio, incluyendo plataformas digitales y dispositivos electrónicos.
El dirigente del gremio advirtió que la creación de “deepfakes” con menores constituye una forma de violencia digital que deja secuelas graves en las víctimas, tanto a nivel psicológico como social.
Subrayó que estas prácticas permiten fabricar contenidos falsos altamente realistas, utilizados por delincuentes para extorsionar, manipular emocionalmente o dañar la reputación de niñas, niños y adolescentes.
Alertó que este fenómeno se ha expandido con el avance tecnológico, facilitando la creación de imágenes, audios y videos prácticamente indistinguibles de la realidad, lo que agrava su impacto y dificulta su detección.
Indicó que México enfrenta altos niveles de generación y difusión de material de abuso sexual infantil, lo que evidencia la urgencia de fortalecer el marco legal y las capacidades institucionales para combatir estos delitos.
También señaló que el problema no solo radica en la producción de contenido, sino en la creciente normalización social de la explotación sexual infantil en entornos digitales, lo que representa un riesgo estructural.
Advirtió que la legislación actual resulta insuficiente para enfrentar estos casos, por lo que es indispensable actualizar las normas y cerrar espacios que permitan la impunidad en delitos digitales contra menores.
