Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diputados de Morena impulsaron una iniciativa para incorporar el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal de Tamaulipas, con sanciones que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
La propuesta pretende actualizar el marco legal ante un fenómeno que ha crecido en diversas regiones del país y que representa un riesgo directo para personas en condiciones de vulnerabilidad.
El proyecto plantea adicionar un nuevo capítulo denominado “Reclutamiento Forzado de Personas”, así como integrar los artículos 391, 391 Bis y 391 Ter al ordenamiento penal estatal.
La iniciativa define esta conducta como el sometimiento o captación de personas mediante engaños, amenazas, violencia o intimidación, con el fin de obligarlas a integrarse a actividades ilícitas.
A diferencia de figuras legales existentes, el planteamiento amplía su alcance al considerar víctimas potenciales a personas de cualquier edad, no únicamente a menores, como ocurre en otros delitos similares.
El documento advierte que los métodos de captación incluyen falsas ofertas de empleo, promesas económicas, manipulación emocional y el aprovechamiento de contextos de pobreza o exclusión social.
Además, subraya que el impacto de este delito trasciende a las víctimas directas, al generar entornos de violencia que afectan a familias y comunidades completas.
Como sustento, se señala que millones de niñas, niños y adolescentes en México viven en condiciones que los convierten en blancos potenciales de grupos criminales.
Se estima que decenas de miles de menores participan en actividades ilícitas bajo esquemas de reclutamiento, desempeñando funciones como vigilancia, mensajería o apoyo dentro de estructuras delictivas.
La iniciativa retoma recomendaciones de organismos internacionales que han advertido la necesidad de tipificar esta conducta y fortalecer mecanismos de protección integral para las víctimas.
En cuanto a las sanciones, se propone imponer penas de entre 15 y 30 años de prisión para quienes cometan este delito, incrementándose cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad.
Las penas podrían elevarse hasta 40 años para quienes organicen, financien o faciliten espacios destinados al reclutamiento o adiestramiento con fines delictivos.
El promovente considera que esta tipificación permitirá fortalecer la respuesta del Estado, prevenir la captación de personas y sancionar con mayor severidad a quienes operan estas redes.
De aprobarse, la reforma incorporaría un nuevo delito en la legislación estatal, cerrando vacíos legales frente a una práctica considerada una de las formas más graves de violencia y explotación.
