Primero fueron los tractores, luego los tráileres, después las filas interminables y la paciencia agotada. Cuando el campo y el volante se cansan, no solo se detienen las carreteras, se detiene el país entero, y lo que queda al descubierto no es un bloqueo, sino un fracaso.
Porque las protestas de transportistas y agricultores no surgieron de la nada ni responden a un impulso pasajero. Son la expresión más visible de reclamos viejos, de demandas que llevan años acumulándose sin encontrar respuesta en un gobierno federal que, hasta ahora, no ha mostrado voluntad real para resolver los problemas de fondo.
No se trata de una inconformidad reciente. Es un conflicto que ha sido ignorado, minimizado y, en muchos casos, desestimado bajo la cómoda narrativa de que todo es herencia del pasado. Pero esa explicación ya no alcanza.
El campo mexicano, por ejemplo, no cayó en crisis por accidente. Fue llevado a ese punto por decisiones concretas. La política agropecuaria de la anterior y actual administración optó por desmontar los esquemas de apoyo existentes sin construir alternativas eficaces que garantizaran la viabilidad de los productores.
La cancelación de subsidios al campo marcó un punto de quiebre. Miles de agricultores quedaron expuestos a un mercado cada vez más hostil, con costos de producción al alza y sin herramientas suficientes para competir o siquiera sobrevivir.
Ese abandono no puede seguir atribuyéndose a otros tiempos. Tiene un origen claro en decisiones recientes que dejaron al campo sin respaldo, sin rumbo y sin una política pública que responda a su realidad.
A la par, los transportistas enfrentan una batalla distinta, pero igual de asfixiante. No solo lidian con la inseguridad del crimen organizado, sino con una práctica que se ha vuelto cotidiana en las carreteras.
Las extorsiones por parte de autoridades, particularmente de corporaciones policiales, se han convertido en un lastre que encarece y complica cada trayecto. No es un secreto, es una constante.
Cada revisión puede traducirse en un cobro indebido, cada retén en una amenaza velada, cada kilómetro en una incertidumbre más. Así se opera hoy en muchas carreteras del país.
En ese contexto, trabajar deja de ser una actividad productiva para convertirse en una actividad de riesgo. Y cuando producir y transportar se vuelven actos vulnerables, la economía entera comienza a resentirlo.
Frente a ese escenario, la protesta no es un capricho. Es una consecuencia. Es el resultado de un sistema que dejó de escuchar y de responder.
Por eso, descalificar los bloqueos sin atender sus causas es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa. Pedir que se liberen las carreteras puede aliviar momentáneamente el tráfico, pero no resuelve el conflicto.
La solución no está en la carretera, está en el escritorio del gobierno federal. Está en corregir una política agropecuaria que hoy no funciona y en garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes mueven la economía.
El problema es que esa voluntad no se percibe. Las respuestas han sido insuficientes, fragmentadas y, en muchos casos, más orientadas al discurso que a la acción.
Y cuando el gobierno no resuelve, el enojo social no desaparece. Se acumula, se organiza y termina por expresarse en las calles.
Eso es lo que estamos viendo hoy. No es un hecho aislado, es un síntoma de un mal más profundo.
Lo verdaderamente preocupante es lo que viene. Porque hoy son agricultores y transportistas quienes bloquean carreteras, pero mañana podrían ser otros sectores los que recurran a la misma vía.
Cuando una protesta se normaliza, se replica. Y cuando no encuentra respuesta, se radicaliza.
Aquí no hay margen para excusas. Culpar al pasado puede servir para el discurso político, pero no para resolver los problemas actuales.
El abandono del campo tiene un punto de partida claro en la cancelación de apoyos durante los gobiernos de Morena. Y la inseguridad en las carreteras sigue siendo una asignatura pendiente.
El gobierno, en los hechos, está dejando sin alternativas a estos sectores. No porque así lo decidan, sino porque no encuentran otra forma de ser escuchados.
Esa es la señal más preocupante. Cuando la protesta se convierte en la única vía, algo dejó de funcionar.
Y entonces las carreteras dejan de ser caminos de tránsito para convertirse en espacios de presión.
Espacios donde se expresa el hartazgo de quienes producen y transportan.
Espacios que seguirán multiplicándose si no se atienden las causas.
Porque el problema no es el bloqueo. El problema es todo lo que lo provocó.
EL RESTO.
EL QUE ACUSA, PRUEBA.-Por cierto, bastante desesperada se vio la diputada de Morena, Silvia Isabel Chávez Garay, en la defensa que hizo de la política agropecuaria del gobierno federal y para descalificar las protestas de tranpsortistas y agricultores.
“De vez en cuando les dan su mesada”, dijo desde la tribuna del Congreso del Estado, acusando corrupción de quienes encabezan los bloqueos carreteros.
El problema es que no presentó una sola evidencia de su acusación, y en Derecho el que acusa debe probar.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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Cuando el campo y el volante se cansan, el país se detiene
