Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un juez federal ordenó el descongelamiento de cuentas financieras vinculadas a Tomás Yarrington, al determinar que su aseguramiento carecía de sustento legal bajo el criterio vigente al momento de emitirse la resolución.
La sentencia, dictada el pasado 31 de marzo, por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, concluye que el aseguramiento de recursos realizado en 2019 no derivó de una solicitud internacional, requisito que entonces era indispensable en investigaciones de carácter nacional.
Cabe señalar que el 16 de julio del 2025, Yarrington solicitó la protección de la justicia al juez federal, contra su incorporación a la lista de personas bloqueadas de la UIF, en diciembre de 2019 y le fue otorgado el amparo.
“De la transcripción que antecede se desprende que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a -Tomás Yarrington- en la lista de personas bloqueadas para prevenir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que detectó operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que no encuentra su etiología en actividades comerciales o de negocios lícitos”.
“Así, se deduce que el mismo no se emitió en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, por lo que el bloqueo de cuentas decretado se realizó para aspectos estrictamente nacionales, lo que trastoca el principio de seguridad jurídica”.
El juzgador sustentó su decisión en jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establecía condiciones específicas para validar el congelamiento de cuentas bancarias.
De acuerdo con el expediente, se determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera no recibió requerimiento alguno de autoridades extranjeras, por lo que la medida aplicada carecía de los elementos legales exigidos en ese momento.
Bajo ese criterio, el juez concluyó que debía procederse al desbloqueo de los recursos financieros, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales vigentes al momento de la acción.
Sin embargo, el contexto jurídico cambió recientemente, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificara su interpretación y validara el congelamiento de cuentas en casos nacionales sin solicitud internacional previa.
El nuevo criterio permite a la autoridad financiera inmovilizar recursos sin intervención judicial, siempre que existan indicios suficientes de operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
No obstante, la resolución judicial que favorece a Yarrington se emitió antes de este cambio de criterio, por lo que debe cumplirse conforme a las reglas jurídicas vigentes al momento del fallo.
Este caso evidencia el impacto de los cambios jurisprudenciales en procesos en curso, así como la complejidad legal que rodea las facultades de las autoridades financieras en materia de combate a operaciones ilícitas.
