Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso perfila una reforma de alto impacto que obligará a iniciar el proceso de entrega-recepción hasta con un año de anticipación en administraciones de seis años.
El diputado Isidro Vargas destacó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo, a la cual se adhirió su propuesta, sustituirá la legislación vigente desde 2003.
Uno de los cambios centrales establece que la planeación del proceso iniciará un año antes en gobiernos de seis años y al menos seis meses en administraciones de tres años.
Además, se fija como obligación que ningún servidor público podrá separarse del cargo sin haber cumplido previamente con el proceso de entrega-recepción, cerrando espacios a omisiones o irregularidades.
El nuevo marco legal incorpora la digitalización del procedimiento mediante un sistema electrónico que permitirá registrar, resguardar y consultar información oficial con mayor seguridad y accesibilidad.
También amplía el universo de servidores obligados, incluyendo no solo titulares, sino mandos hasta nivel de jefatura de departamento o equivalentes, fortaleciendo el control en toda la estructura gubernamental.
Se establece una clasificación detallada de la información que debe entregarse, así como la posibilidad de obtener copias certificadas o digitales hasta 15 días antes del acto formal.
El proceso será supervisado por los órganos internos de control, quienes darán seguimiento posterior para garantizar el cumplimiento y detectar posibles irregularidades o responsabilidades administrativas.
Asimismo, se formaliza la entrega mediante un acta administrativa obligatoria, regulando tanto los procesos intermedios como los finales, lo que otorga certeza jurídica a cada transición.
La reforma refuerza el papel del Comité de Enlace como instancia clave para coordinar la transferencia de información y conocer anticipadamente el estado de los recursos públicos.
Aunado a ello, se establece un régimen de sanciones para quienes incumplan con este procedimiento, asegurando la continuidad administrativa y evitando vacíos que afecten el funcionamiento del gobierno.
La nueva ley contempla una estructura de 31 artículos distribuidos en seis capítulos, con un diseño más moderno que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el control administrativo.
