En Tamaulipas, miles de automovilistas podrían verse obligados a contratar un seguro vehicular si quieren cumplir con el pago anual de derechos, luego de que el Congreso del Estado comenzó a procesar una iniciativa que busca cerrar el paso a la circulación sin cobertura de daños.
La propuesta presentada por diputados de Morena, y recibida por la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado en su sesión ordinaria de este martes reciente, busca obligar a los automovilistas a contar con seguro vehicular como requisito para pagar derechos anuales.
La verdad, es algo que debió hacerse desde hace muchos años porque si algo ha crecido en Tamaulipas, y particularmente en Ciudad Victoria, no es precisamente la cultura vial. Es la estadística de accidentes.
Choques, volcaduras, atropellamientos. La escena se repite con una frecuencia que ya no sorprende, pero sí alarma, sobre todo porque muchos de los vehículos circulan sin seguro.
Ahí comienza el verdadero problema. Porque el accidente no termina en el golpe. Apenas empieza.
Sin póliza, no hay garantía de reparación de daños. No hay certeza para la víctima. No hay justicia real.
Lo que sigue suele ser un viacrucis legal y económico que termina castigando, paradójicamente, a quien menos culpa tiene.
El responsable, muchas veces, simplemente no puede pagar. Y el afectado se queda con los daños, con los gastos médicos, con la incertidumbre.
Insisto: es una falla estructural que el Estado ha tolerado por años.
Porque aunque la ley de Tránsito ya establece la obligatoriedad del seguro, la norma vive en el papel y muere en la calle.
La autoridad de tránsito, estatal y municipal, carece de capacidad —y en muchos casos de voluntad— para hacerla cumplir. Se revisan licencias, tarjetas de circulación, placas. Pero rara vez se exige la póliza.
El resultado de ello es una simulación que todos conocen y nadie corrige.
Por eso la iniciativa tiene un valor adicional. Introduce un filtro efectivo donde sí duele: en el bolsillo administrativo.
Si no hay seguro, no hay trámite. Así de simple.
Y ahí es donde la ley puede volverse verdaderamente obligatoria.
No se trata de una medida recaudatoria, como algunos podrían insinuar. Se trata de una política de responsabilidad.
De obligar a cada conductor a asumir las consecuencias potenciales de estar al volante.
De proteger a terceros, que son quienes suelen pagar los platos rotos.
De cerrar la puerta a la impunidad disfrazada de incapacidad económica.
Porque conducir no es un derecho absoluto. Es una actividad que implica riesgos y, por lo tanto, responsabilidades.
Y entre esas responsabilidades, la más elemental es garantizar que, si se causa daño, exista forma de repararlo.
La propuesta, además, tiene un efecto colateral positivo. Fomenta la cultura de la prevención.
Obliga a pensar en el accidente antes de que ocurra, no después.
Eso, en una sociedad donde la prevención suele ser una palabra decorativa, ya es un avance significativo.
Por supuesto, el reto no termina con la aprobación de la reforma.
Vendrá la etapa más complicada: su aplicación real, constante y sin excepciones.
Porque de nada servirá una buena ley si termina atrapada en la misma inercia de simulación que hoy se pretende corregir.
La clave estará en la voluntad política y en la disciplina administrativa.
En entender que esta no es una medida menor, sino un paso necesario hacia un orden vial más justo.
Ojalá el Congreso esté a la altura y la apruebe sin titubeos.
Pero, sobre todo, ojalá el gobierno la haga cumplir sin concesiones.
Porque en cada accidente sin seguro no solo hay un choque. Hay una historia de abandono institucional que ya no debería repetirse. Y, sobre todo, hay personas que muchas veces quedan en la ruina económica porque consideraron cosa menor contratar un seguro vehicular.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
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Sin seguro no circulas
