Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un enfoque de endurecimiento legal, Morena impulsó en el Congreso de Tamaulipas una iniciativa para sancionar con mayor severidad a conductores en estado de ebriedad que provoquen accidentes mortales o lesiones y evadan su responsabilidad.
La propuesta, presentada por la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, surge a partir del caso de Ezequiel González Antonio, víctima de un atropellamiento fatal en Tampico, presuntamente causado por un automovilista alcoholizado.
Denominada “Ley Ezequiel”, la iniciativa busca reforzar el marco jurídico para castigar con mayor rigor a quienes, tras causar un daño, abandonan la escena o intentan eludir la acción de la justicia.
El proyecto plantea modificaciones a los artículos 316 y 318 del Código Penal estatal, estableciendo que las penas puedan incrementarse hasta en un 50 por ciento cuando el responsable huya del lugar o evite responder ante la autoridad.
Además, contempla sanciones agravadas para quienes dejen a la víctima sin brindar auxilio, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, o busquen evadir pruebas de alcoholimetría para ocultar su estado al momento del accidente.
Actualmente, la legislación establece penas de tres a ocho años de prisión para conductores ebrios que causen la muerte; sin embargo, con esta reforma, las sanciones podrían aumentar considerablemente al sumarse agravantes adicionales.
La iniciativa también incorpora cambios a la Ley de Atención a Víctimas, reconociendo formalmente a los familiares de personas fallecidas como víctimas indirectas, con acceso a reparación del daño, apoyo psicológico y asesoría legal.
Con ello, se pretende cerrar vacíos legales que han limitado la participación de las familias en los procesos judiciales, así como su acceso a mecanismos de justicia y compensación integral.
Durante la presentación, la legisladora sostuvo que este tipo de conductas dejó de ser un problema aislado para convertirse en una situación social crítica que requiere respuestas más firmes por parte del Estado.
Asimismo, la reforma propone que los jueces consideren el impacto emocional, económico y psicológico en las víctimas indirectas al momento de dictar sentencia, fortaleciendo la visión integral de justicia.
El planteamiento envía un mensaje contundente: conducir bajo los efectos del alcohol, provocar tragedias y huir ya no será tratado como una falta menor, sino como un delito con consecuencias más severas.
