Morena ha cruzado una línea delicada en Tamaulipas. Lo que se presenta como autorregulación ética del periodismo, en realidad abre la puerta a un mecanismo de presión política disfrazado de institucionalidad.
La iniciativa impulsada por la diputada y ex locutora Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, pretende crear un Colegio de Periodistas que, en los hechos, tendría facultades para señalar públicamente a comunicadores incómodos.
El problema no está en el nombre ni en el discurso. Está en el fondo: quién controla ese organismo y bajo qué criterios decidirá cuándo un periodista merece un “extrañamiento público”.
Porque aunque el texto asegura que no habrá sanciones legales ni censura, el daño reputacional es, en política, una forma sofisticada de castigo.
Y más grave aún: no se establecen escenarios claros, límites definidos ni criterios objetivos para determinar qué constituye una “falta ética grave”. Todo queda abierto a la interpretación.
Ese vacío no es menor. Es el espacio perfecto para que el poder político convierta la crítica en “falta ética” y la denuncia en “exceso periodístico”.
La historia reciente en América Latina debería encender todas las alertas. Gobiernos como los de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro o Daniel Ortega comenzaron exactamente así: desacreditando a la prensa incómoda.
Primero fue el señalamiento público. Después la presión institucional. Y finalmente, el silenciamiento.
Aquí el guion parece calcado.
Se habla de ética, pero no se habla de independencia. Se habla de autorregulación, pero el propio decreto establece que la Secretaría General de Gobierno tendrá un papel clave en la conformación del Colegio.
¿Autonomía? Solo en el papel.
En la práctica, el riesgo es evidente: un órgano “ético” que responda a intereses políticos y que pueda activar campañas de desgaste contra periodistas críticos.
Porque no nos engañemos: en Tamaulipas, como en todo México, el periodismo que incomoda al poder no es el que aplaude, es el que investiga.
Y ese es precisamente el que podría quedar en la mira.
La diputada intenta suavizar el impacto argumentando que no habrá cárcel ni sanciones administrativas. Pero omite algo fundamental: el poder de la exposición pública.
Un “extrañamiento” institucional puede convertirse en una etiqueta, en un estigma, en un antecedente que mañana sirva para justificar algo más grave.
Hoy es reputacional. Mañana puede ser judicial.
Además, la iniciativa no solo alcanza a periodistas. También incluye a defensores de derechos humanos y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión.
Es decir, amplía el espectro de control.
Eso convierte la propuesta en algo más que una regulación del gremio: es un intento de moldear el discurso público desde el poder.
Y cuando el poder busca moldear la narrativa, la democracia empieza a perder terreno.
Porque la prensa no está para agradar. Está para cuestionar.
No está para quedar bien. Está para exhibir lo que el poder quiere ocultar.
Y cualquier intento de “regular” esa función debe ser visto con lupa, especialmente cuando proviene del grupo político en el poder.
Morena dice que busca fortalecer la ética periodística. Pero la ética no se impone desde el gobierno. Se construye desde la libertad.
Sin presiones. Sin amenazas disfrazadas. Sin órganos que califiquen lo que se puede o no publicar.
El periodismo incómodo es el que sostiene a la democracia.
Y cualquier intento por domesticarlo, por etiquetarlo o por exhibirlo desde el poder, no es avance institucional. Es retroceso.
Y en Tamaulipas, ese retroceso ya está tocando la puerta.
La iniciativa ya se puede consultar en la página oficial del Congreso entrando al apartado del Trabajo Legislativo, posteriormente en iniciativas, fechada el 7 de abril del 2026.
