Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas activó un proceso interno de análisis para dimensionar los efectos operativos derivados de la reciente reforma electoral federal, conocida como Plan B, aprobada por el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el secretario ejecutivo del organismo, Juan de Dios Álvarez Ortiz, las áreas técnicas comenzaron la revisión para traducir los cambios legales en ajustes concretos dentro de la operación electoral estatal.
El funcionario explicó que esta evaluación forma parte de una estrategia institucional para anticipar escenarios y medir el alcance de la reforma rumbo al proceso electoral intermedio previsto para el año 2027.
Indicó que el objetivo central es identificar los ajustes necesarios en la normatividad vigente, a fin de garantizar que los nuevos lineamientos puedan aplicarse correctamente en los próximos comicios locales.
Precisó que, por ahora, el Instituto se mantiene en fase de observación sobre el avance de la reforma en las entidades, considerando que su implementación implicará modificaciones relevantes en la estructura electoral del estado.
Entre los aspectos que ya se perfilan, destacó que la nueva legislación impactará directamente en la integración de los ayuntamientos, lo que obligará a replantear criterios operativos y administrativos en el ámbito electoral local.
Asimismo, advirtió que aún falta definir si habrá ajustes en la conformación de los órganos distritales y municipales del propio Instituto, lo cual dependerá de las adecuaciones que establezca la legislación secundaria.
Uno de los efectos más visibles del Plan B será la reducción de espacios en los cabildos, con la eliminación de 14 sindicaturas y 48 regidurías en Tamaulipas, conforme a los nuevos límites constitucionales.
Este ajuste responde a la imposición de un tope máximo de 15 regidores por municipio, lo que impacta principalmente a localidades que actualmente superan ese número en su integración edilicia.
Álvarez Ortiz subrayó que la responsabilidad de armonizar la Constitución local, el Código Municipal y la legislación electoral recaerá en el Congreso del Estado, previo al inicio formal del próximo proceso electoral.
