Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la fiscalización de recursos federales en municipios corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, limitando la intervención de instancias estatales.
El fallo invalidó parcialmente una revisión realizada por el Congreso de Tlaxcala al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, donde se habían detectado inconsistencias por más de 8.3 millones de pesos.
Por decisión unánime, el Pleno avaló el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, derivado de una controversia constitucional promovida por el propio municipio afectado por la auditoría estatal.
La Corte concluyó que el Congreso local y su órgano fiscalizador excedieron sus atribuciones al revisar fondos federales sin contar con un convenio formal de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con la resolución, la Constitución delimita con precisión las competencias en materia de fiscalización, reservando a la ASF la supervisión de recursos federales ejercidos por cualquier nivel de gobierno.
En contraste, los órganos de fiscalización estatales sólo pueden intervenir en la revisión de recursos de origen local, sin invadir atribuciones que corresponden al ámbito federal.
El informe anulado incluía observaciones sobre el uso de fondos federales ejercidos entre julio y diciembre de 2024, con irregularidades detectadas por más de 8 millones de pesos.
Estos recursos provenían de programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, entre otros esquemas federales.
La Corte ordenó al Congreso de Tlaxcala emitir una nueva resolución sobre la cuenta pública del municipio, ajustándose a los criterios establecidos en la sentencia constitucional.
Sin embargo, dejó a salvo las facultades del órgano fiscalizador estatal para continuar investigaciones en el ámbito de su competencia y promover las acciones legales correspondientes.
El criterio adoptado por la Corte refuerza la división de atribuciones entre los distintos niveles de gobierno, particularmente en la supervisión del uso de recursos públicos.
Además, marca un precedente relevante para otros casos similares, donde autoridades estatales han intervenido en la revisión de fondos federales sin sustento jurídico suficiente.
Actualmente, el máximo tribunal mantiene en análisis un caso similar en Guerrero, relacionado con auditorías al municipio de Acapulco por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales.
Dicho asunto involucra montos cercanos a los 898 millones de pesos, lo que podría ampliar el alcance de este criterio en futuras resoluciones sobre fiscalización pública.
La decisión de la Corte redefine el alcance de las auditorías en el país, fortaleciendo el papel de la ASF como única instancia competente para revisar el ejercicio de recursos federales en estados y municipios.
