Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas comenzó el diseño de una reforma estatal derivada del llamado Plan B federal, con ajustes propios que apuntan a reducir costos en el sistema electoral y modificar estructuras administrativas.
El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera, adelantó que la iniciativa local incorporará elementos adicionales a los ya aprobados a nivel nacional, con énfasis en la austeridad.
Explicó que la adecuación normativa contempla cambios a la Constitución estatal y leyes secundarias, principalmente en la integración de ayuntamientos, reducción de cargos y ajustes en percepciones salariales.
Prieto Herrera aseguró que el proceso de armonización legislativa deberá quedar concluido antes del 30 de mayo, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos para la implementación de la reforma.
Indicó que el documento se elabora en coordinación con el Poder Ejecutivo, buscando alinear las disposiciones federales con el marco jurídico estatal sin perder margen para ajustes locales.
Entre los ejes centrales, destacó la intención de disminuir el gasto de las autoridades electorales, particularmente en rubros como nómina y operación administrativa.
El legislador sostuvo que el propósito es evitar erogaciones innecesarias y fortalecer un esquema de disciplina presupuestal dentro de los organismos encargados de organizar elecciones.
Señaló que aún existe margen legal para concretar la reforma, ya que los congresos estatales cuentan con plazo hasta el 15 de junio, previo al arranque del proceso electoral 2027-2028.
Advirtió que una vez iniciado el año electoral, todas las disposiciones deberán estar debidamente integradas en la legislación vigente, sin posibilidad de modificaciones de fondo.
La reforma federal establece, entre otros puntos, un límite máximo de 15 regidores por ayuntamiento, topes al presupuesto de los congresos locales y restricciones salariales para funcionarios electorales.
Asimismo, prohíbe la contratación de prestaciones discrecionales en los organismos electorales, buscando reducir costos y acotar beneficios considerados excesivos dentro de la estructura institucional.
