La iniciativa de Cynthia Lizabeth Jaime Castillo no solo fracasó en lo legislativo; dejó al descubierto una tentación recurrente del poder: intentar regular a quienes lo observan, cuestionan y exhiben.
Bajo el argumento de la ética periodística, la propuesta abría la puerta a un mecanismo de “extrañamiento público” que, aunque sin sanción legal, implicaba una condena reputacional desde una estructura cercana al poder.
Ahí radica el problema de fondo: no se trataba de mejorar estándares profesionales, sino de construir un instrumento con potencial para presionar, incomodar o disciplinar a la crítica incómoda.
Porque en política, los matices importan poco cuando se crean figuras ambiguas. Un “pronunciamiento ético” puede convertirse fácilmente en un señalamiento con carga política, dependiendo de quién lo emite y contra quién.
El riesgo no era jurídico, era político. Y en ese terreno, la iniciativa de Jaime Castillo se movía peligrosamente cerca de un modelo donde el poder opina, evalúa y exhibe a la prensa.
No es casual que la reacción haya sido inmediata. El rechazo no vino solo de periodistas, sino desde el propio gobierno estatal y actores de Morena que entendieron el costo político de avanzar en esa ruta.
El posicionamiento de Rómulo Pérez Sánchez fue más que institucional: fue un deslinde político que dejó claro que la iniciativa no tenía respaldo en las altas decisiones del poder.
Y no es menor el dato: Pérez Sánchez, no solo es enlace legislativo del Ejecutivo, también preside el Consejo Político Estatal de Morena. Su postura marcó línea dentro del partido.
En otras palabras, Morena decidió contener a una de las suyas antes de que el tema escalara a una crisis mayor con los medios de comunicación, ya de por si críticos, ante las deficiencias del poder.
El gobierno de Américo Villarreal Anaya, entendió algo básico: en tiempos de alta polarización, abrir un frente con la prensa es abrir un desgaste innecesario y peligroso.
Pero más allá del freno político, la iniciativa exhibe una visión preocupante: la idea de que la ética puede institucionalizarse desde el poder y aplicarse como un filtro sobre el ejercicio periodístico.
La historia reciente en América Latina ha demostrado que ese camino no termina bien. Empieza con “observaciones éticas” y puede derivar en mecanismos de presión más sofisticados.
La diputada intentó matizar su propuesta, asegurando que no habría censura ni sanciones, pero el problema no estaba en lo que decía, sino en lo que podía generar.
Porque en política, los instrumentos no se juzgan por su intención, sino por su posible uso. Y en este caso, el margen de discrecionalidad era demasiado amplio.
La falta de consulta con el gremio periodístico terminó de debilitar la iniciativa. No se puede legislar sobre la prensa sin escuchar a la prensa, menos aún en temas tan sensibles.
Al final, el Congreso hizo lo correcto: congelar una propuesta que, más que fortalecer la libertad de expresión, abría grietas en su protección.
Sin embargo, el episodio deja una advertencia: la tentación de regular la narrativa pública sigue latente en sectores del poder, incluso cuando se presenta con discursos de ética y responsabilidad.
La línea entre regulación y control es delgada. Y cuando el poder intenta cruzarla, aunque sea por error o ingenuidad, el riesgo no es menor: se pone en juego la libertad de informar.
Morena reculó a tiempo. Pero el mensaje queda: la prensa incómoda siempre será vista como un problema… hasta que el poder entiende que es, en realidad, un contrapeso necesario.
