Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas prepara una reforma a la Ley de Adquisiciones con el objetivo de transparentar procesos, actualizar criterios y cerrar espacios a la discrecionalidad en el manejo del gasto público.
La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que la iniciativa busca adecuar la legislación estatal a las condiciones actuales del mercado y a los nuevos lineamientos federales en materia de compras.
Detalló que la propuesta pretende armonizar el marco jurídico local con las recientes modificaciones a la legislación federal, con el fin de garantizar mayor eficiencia, control y transparencia en los procesos de contratación gubernamental.
La funcionaria explicó que la nueva legislación federal, publicada en abril de 2025, establece estándares más rigurosos para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la relación entre el Estado y los proveedores.
Subrayó que este modelo sustituye esquemas anteriores que permitían vacíos legales, lo que generaba opacidad y retrasos en las adquisiciones, afectando la eficiencia en la ejecución de recursos públicos.
Entre los cambios previstos, se contempla impulsar la participación de cooperativas en los procesos de compra, ampliando la base de proveedores y promoviendo una mayor inclusión en la contratación pública.
Manautou Galván enfatizó que el propósito central es asegurar un uso más responsable del presupuesto, con reglas claras que permitan reducir riesgos de corrupción y optimizar cada peso invertido por el Estado.
Adelantó que la iniciativa será enviada en breve al Congreso local para su análisis, luego de un trabajo técnico realizado por la Dirección General de Compras en coordinación con el área jurídica.
Precisó que el proyecto se encuentra en etapa final de revisión, con el objetivo de presentarlo formalmente a los legisladores y avanzar en su discusión dentro de la Comisión de Administración.
La funcionaria reiteró que esta reforma forma parte de una estrategia integral para modernizar la gestión pública, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar procesos de adquisición más ágiles, eficientes y transparentes.
