Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La reforma al sistema de pensiones en Tamaulipas no fue opcional, fue una decisión obligada ante el riesgo de colapso financiero, tras detectarse condiciones estructurales que comprometían su viabilidad a corto plazo, admitió Luisa Eugenia Manautou Galván.
La secretaria de Administración, explicó que el rediseño partió de un análisis actuarial profundo, elaborado con especialistas y en coordinación con sindicatos como el SUTSPET y la Sección 30 del SNTE, que permitió garantizar hoy, el pago de las pensiones hasta el 2051.
Aun así, se presentó un amparo colectivo contra la actual Reforma y que involucra a 249 trabajadores, la mayoría del sector Salud así como algunos pensionados, recurso que tiene su seguimiento por parte de la dependencia, confirmó Manautou Galván.
Durante su comparecencia ante Diputados, dijo que el diagnóstico evidenció fallas históricas, entre ellas más de 30 años sin actualizar la legislación, cuotas insuficientes y prestaciones que se pagaban sin generar aportaciones, lo que debilitó progresivamente el fondo pensionario estatal.
Entre los ajustes clave, se amplió la base de cotización, incorporando conceptos como quinquenios y gratificaciones, que antes se pagaban sin generar aportaciones, mientras que la canasta básica ya incluida ahora también cotiza.
La Secretaria de Administración, reconoció que, aunque inicialmente se planteó incluir el aguinaldo en la base de aportación, esta medida no fue aceptada por los sindicatos, por lo que la reforma avanzó con ajustes parciales tras un proceso de negociación.
Para evitar afectar el ingreso de los trabajadores, se implementó un esquema gradual que inicia con aportaciones adicionales del 2 por ciento anual, sobre nuevos conceptos, sin incrementar el porcentaje global de contribución que se establece en 10.5%.
Actualmente, la aportación conjunta entre trabajador y gobierno ronda el 32 por ciento, lo que permite dimensionar el problema estructural del sistema y la necesidad de fortalecer su sostenibilidad financiera.
La funcionaria ejemplificó el déficit: un trabajador que cotiza 30 años con una tasa del 30 por ciento -en promedio- genera recursos equivalentes apenas a nueve años de pensión, lo que evidencia el desequilibrio del sistema.
Sin embargo, la realidad es distinta, ya que los pensionados viven mucho más tiempo; existen casos de beneficiarios que superan los 90 e incluso 100 años, prolongando el pago de pensiones por décadas.
A ello se suma que, tras el fallecimiento del titular, el beneficio continúa para la viuda, extendiendo aún más la carga financiera sobre un fondo que originalmente no fue diseñado para esa duración.
Otro factor determinante ha sido el aumento en la esperanza de vida, fenómeno global que presiona todos los sistemas de pensiones y que en Tamaulipas se agravó por años de rezago normativo.
Además, el incremento del salario mínimo elevó el tope de pensiones, generando mayores compromisos de pago sin un aumento proporcional en las aportaciones al sistema.
La reforma también contempló ajustes en la edad de jubilación, estableciendo 65 años para nuevos trabajadores a partir de 2026, sin afectar derechos adquiridos de quienes ya estaban en el sistema, es decir, manteniendo sin cambios la antigüedad requerida de 25 y 30 años.
La secretaria recordó que al inicio de la actual administración, el fondo apenas garantizaba pagos hasta 2024, lo que encendió las alertas sobre un posible colapso financiero inminente.
Mediante una reingeniería interna, se logró extender la viabilidad hasta 2028, pero se advirtió que sin una reforma estructural, el problema sería heredado como crisis al siguiente gobierno.
“Hubiera sido irresponsable no actuar”, se planteó, al señalar que el costo social de no intervenir habría obligado a redirigir recursos de educación, salud e infraestructura para cubrir pensiones.
En paralelo, se atendió un adeudo histórico superior a 2 mil 500 millones de pesos, generado entre 2010 y 2016, el cual fue reconocido y reestructurado en un convenio de pago a ocho años.
Actualmente, el gobierno estatal cubre pagos mensuales por 26 millones de pesos para saldar ese compromiso, bajo un esquema que incluye actualización e intereses cercanos al 6 por ciento anual.
Con la reforma aprobada y los ajustes implementados, el sistema de pensiones logró proyectar su viabilidad financiera hasta el año 2051, garantizando el pago a actuales y futuros pensionados.
El rediseño, añadió la responsable de Administrar el Gobierno del Estado, no solo busca sanear las finanzas, sino ofrecer pensiones más dignas, al integrar nuevos conceptos de cotización que incrementarán el monto final que reciban los trabajadores al retirarse.
El objetivo, subrayó la funcionaria, es equilibrar el sistema sin cargar más al trabajador, fortaleciendo el fondo y asegurando su sostenibilidad ante un escenario demográfico cada vez más exigente.
