Morena acelera su reconfiguración interna con la mira puesta en el Consejo Nacional del próximo domingo, donde todo apunta a que Ariadna Montiel será colocada en la ruta para asumir la dirigencia nacional del partido.
El movimiento no es menor. Primero se reacomoda la cúpula nacional y, después, vendrá la réplica en los estados, incluido Tamaulipas, donde la disciplina partidista históricamente ha sido más discurso que realidad.
Se hablará de unidad, como siempre, pero en cuanto baje la línea desde Palacio Nacional, comenzará el verdadero juego: obedecer o resistir. Y ahí es donde Morena suele exhibir su rostro más incómodo.
Porque si algo ha caracterizado al partido en el poder es su constante tensión interna. No todos aceptan las decisiones centralizadas y menos cuando se disfrazan de consensos lo que en realidad son designaciones.
La rebeldía no es nueva, pero sí peligrosa. Morena ha normalizado la indisciplina como forma de presión política, y eso, lejos de fortalecerlo, lo acerca a escenarios de ruptura que ya empiezan a asomarse.
En Tamaulipas, el ambiente no es distinto. Reynosa, Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Madero y Altamira viven una efervescencia interna que anticipa disputas abiertas por el control político y las candidaturas.
La pelea por las alcaldías ya dejó de ser discreta. Hoy es una disputa frontal, donde los grupos se miden sin reservas y con una ambición que difícilmente encontrará cauce en acuerdos ordenados.
El fenómeno no es exclusivo del estado. Campeche, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Nuevo León muestran señales claras de desgaste interno, con reclamos abiertos y liderazgos que ya no logran contener las tensiones.
En ese contexto, el Consejo Nacional será el primer termómetro real. Ahí se formalizarán los movimientos, pero también se evidenciarán las resistencias que, aunque silenciosas hoy, podrían escalar en los próximos meses.
El orden del día anticipa la integración de nuevos consejeros y la eventual incorporación de Ariadna Montiel, paso clave para habilitarla como candidata a la dirigencia nacional en una transición ya cantada.
Luisa María Alcalde prepara su salida hacia la Consejería Jurídica de la Presidencia, cerrando un ciclo que, aunque ordenado en apariencia, deja pendientes internos que no se resolverán con relevos administrativos.
Y mientras tanto, Andrés López Beltrán se mantiene firme en la Secretaría de Elecciones, ajeno —al menos en lo formal— a los rumores que lo vinculan con inversiones en el futbol mexicano.
Morena se reorganiza, sí, pero no necesariamente se fortalece. La verdadera prueba no será quién asuma la dirigencia, sino si el partido logra contener su propia naturaleza: la de un movimiento que creció en la protesta, pero hoy gobierna desde la imposición.
RIESGO CON CALEA EN LA USJT
Un académico de alto nivel, cercano a la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzó una advertencia puntual sobre la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y su situación actual en materia de certificación internacional.
De acuerdo con su análisis, la USJT —hoy bajo la conducción del “ilustrado” Jorge Lumbreras Castro— mantiene la acreditación Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies desde 2019, renovada en 2023 y con evaluación programada para 2027. Sin embargo, advierte que hoy está en riesgo real de perderse por malas prácticas internas.
No es un tema menor. La acreditación CALEA representa un estándar internacional de excelencia en seguridad pública: certifica procesos, profesionaliza instituciones y fortalece la confianza ciudadana bajo criterios técnicos estrictos que pocas corporaciones logran sostener.
El antecedente es claro y preocupante. Tamaulipas alcanzó en 2019 la certificación “Triple Arco” en seguridad, pero la perdió en 2021, en gran parte por el desorden institucional que dejaron los GOPES, debilitando la credibilidad del sistema.
Hoy, lejos de corregir el rumbo, el señalamiento apunta a una conducción errática. El propio académico cuestiona el perfil de Lumbreras Castro, cuya llegada no se explica desde el mérito técnico, sino desde decisiones políticas que hoy pasan factura.
A ello se suman versiones sobre manejo discrecional de recursos, movimientos en nómina y una estructura favorecida por cercanías personales más que por capacidad profesional, lo que termina erosionando la institucionalidad.
El Auditor Superior del Estado Francisco Noriega Orozco y la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Norma Angélica Pedraza Melo, deben poner mucha atención cuando se revisen las Cuentas Públicas de la USJT y por ende de la SSP para confirmar o descartar los ‘beneficios’ que hoy se dan en ‘cascada’ los potosinos.
En síntesis, la USJT no solo arriesga una certificación internacional; está comprometiendo su razón de ser. Y si nadie corrige el rumbo, lo que viene no será una advertencia… será la confirmación de un fracaso anunciado.
