Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República inició un proceso de revisión sobre la solicitud estadounidense para detener con fines de extradición al gobernador Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, a fin de determinar la veracidad de los señalamientos.
La institución precisó que la petición enviada por el gobierno de Estados Unidos carece, hasta el momento, de elementos probatorios sólidos que respalden de manera contundente las acusaciones sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, explicó que el procedimiento exige revisar a detalle la documentación recibida y cumplir estrictamente con los protocolos establecidos en la legislación nacional vigente.
Subrayó que el análisis se realiza con base en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados internacionales, a fin de establecer si existen pruebas suficientes para proceder legalmente.
De forma paralela, la FGR abrió una investigación interna para recabar información adicional que permita evaluar si las acusaciones cuentan con sustento jurídico que justifique eventuales órdenes de aprehensión en territorio nacional.
El funcionario recordó que la ley mexicana exige datos de prueba que acrediten la probable comisión de un delito antes de solicitar a un juez la emisión de una orden de captura.
Asimismo, puntualizó que los acuerdos bilaterales en materia de extradición establecen que solo se concederá dicho procedimiento cuando las pruebas presentadas sean suficientes conforme a la legislación del país requerido.
La Fiscalía también advirtió que la solicitud estadounidense debió mantenerse bajo estricta confidencialidad, conforme a lo estipulado en instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Indicó que la divulgación pública de la información podría vulnerar la naturaleza reservada de los procesos penales y contravenir las normas que rigen este tipo de procedimientos internacionales.
Finalmente, la FGR recordó que tratándose de servidores públicos con fuero, como gobernadores o senadores, es indispensable agotar previamente un juicio de procedencia para retirar la inmunidad y poder ejercer acción penal.
La institución reiteró que actuará con apego estricto a la ley, garantizando el respeto a la soberanía nacional y a los derechos de las personas involucradas en este proceso internacional.
