Culiacán, Sinaloa.– El secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció nuevas acciones para fortalecer la seguridad en la entidad, en medio del escenario político que enfrenta el estado.
Acompañado por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, el funcionario garantizó respaldo total del Gobierno de México, con seguimiento permanente y medidas para proteger a la población.
Durante una conferencia, informó que se entregaron 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos serán capacitados por la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de profesionalizar a las corporaciones.
García Harfuch afirmó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es mantener presencia constante en la entidad y avanzar en la estrategia de pacificación con acciones coordinadas.
Detalló que se instalaron mesas de seguridad con participación de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades locales, para reforzar la coordinación institucional.
Estas acciones, explicó, buscan acompañar a la ciudadanía, mejorar la respuesta ante la violencia y avanzar en la recuperación de la tranquilidad en Sinaloa.
Por su parte, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que se refuerzan los procesos de reclutamiento con evaluaciones médicas, toxicológicas y de control de confianza.
Agregó que los nuevos elementos recibirán formación bajo estándares de la Guardia Nacional, con el fin de fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en la región.
En cuanto a resultados, señaló que los homicidios dolosos han mostrado una disminución en Culiacán, al pasar de 5.9 a 3.3 casos promedio entre octubre de 2024 y abril de 2026.
Respecto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el secretario afirmó que permanece en la entidad y cuenta con resguardo de la Guardia Nacional como medida preventiva.
Aclaró que no existen indicios de amenazas en su contra ni elementos que sugieran riesgo inmediato, por lo que el despliegue de seguridad responde a protocolos institucionales.
También señaló que, tras dejar el cargo, el mandatario ya no cuenta con fuero constitucional, mientras que cualquier determinación legal corresponderá a la Fiscalía General de la República.
