Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 80 mil servidores públicos en Tamaulipas deberán presentar durante mayo su declaración patrimonial y de intereses, en cumplimiento con la normativa estatal en materia de transparencia.
Para facilitar este proceso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habilitará módulos de asesoría en diversas dependencias, con el objetivo de orientar a los trabajadores en el llenado correcto del formato correspondiente.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que este ejercicio permite dar seguimiento a la evolución de los bienes de quienes desempeñan cargos públicos durante el año.
Precisó que la obligación aplica para personal de base, confianza y mandos superiores, quienes deberán cumplir dentro del plazo legal establecido durante mayo, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente.
La presentación del trámite será exclusivamente digital mediante la plataforma DeclaraTam, donde se reportarán ingresos, bienes, modificaciones patrimoniales y posibles conflictos de interés registrados en el periodo correspondiente.
Para garantizar el cumplimiento, se cuenta con enlaces capacitados en cada dependencia, además del apoyo de órganos internos de control y comisarios que brindan acompañamiento técnico a los servidores públicos.
Durante el ejercicio anterior se alcanzó un cumplimiento superior al 92 por ciento, con más de 79 mil declaraciones presentadas en tiempo, por lo que la meta para este año es llegar al total.
La modalidad simplificada facilita el trámite para la mayoría del personal, mientras que funcionarios de nivel medio y superior deben proporcionar información más detallada sobre patrimonio, adquisiciones e ingresos.
Las autoridades advirtieron que no cumplir con esta obligación puede derivar en sanciones administrativas, por lo que se mantendrá asistencia permanente durante todo el proceso para evitar omisiones.
Con esta medida, el Gobierno estatal busca fortalecer la rendición de cuentas y generar mayor confianza ciudadana mediante la vigilancia del patrimonio de quienes ejercen funciones públicas.
