Reynosa, Tamaulipas.– Un juez federal de Reynosa vinculó a proceso al ex juez Juan Fernando Alvarado López, señalado presuntamente, de operar resoluciones judiciales que favorecieron al exmandatario panista mediante amparos y suspensiones controvertidas.
Lo anterior, pareciera que el cerco judicial contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se vuelve a cerrarse desde la esfera federal, luego de años en los que el caso parecía entrar en una etapa de inmovilidad e impunidad política.
El juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, determinó procesar a Juan Fernando Alvarado López dentro de la causa penal 45/2026 por delitos contra la administración de justicia.
Las investigaciones federales sostienen que el entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa habría utilizado decisiones judiciales para frenar procedimientos penales y favorecer políticamente a García Cabeza de Vaca.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2024, cuando el exgobernador promovió un amparo contra una orden de aprehensión girada por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, presunto hecho donde un juez de Almoloya de Juárez encontró elementos suficientes para ordenar su detención.
En esa misma demanda judicial también reclamó al Instituto Nacional Electoral la negativa para registrarlo como candidato plurinominal a diputado federal, derivado de la existencia de la orden judicial vigente.
Pese a ello, el entonces juez Juan Fernando Alvarado concedió una suspensión provisional que permitió destrabar temporalmente el registro político del exmandatario tamaulipeco.
Aquella resolución detonó una denuncia penal promovida por Morena ante la Fiscalía General de la República, al considerar que existió una actuación ilegal y parcial desde el Poder Judicial Federal.
El caso escaló posteriormente al Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que en febrero pasado resolvió inhabilitar por un año al juez federal por faltas graves en el desempeño de sus funciones.
La resolución disciplinaria concluyó que varias determinaciones emitidas por el juzgador favorecieron la suspensión de órdenes de captura y retrasaron acciones ministeriales contra el exgobernador panista.
La nueva vinculación a proceso reabre uno de los expedientes políticos y judiciales más delicados de Tamaulipas, justo cuando desde el gobierno federal resurgen señales de presión internacional y cooperación binacional en materia penal.
Sin pasar por alto de que esta vinculación ocurre apenas 24 horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló públicamente que el gobierno mexicano mantiene solicitudes de detención y extradición contra seis personas ubicadas en Estados Unidos.
Aunque la mandataria federal no precisó nombres, el contexto político y judicial volvió a colocar en el centro del debate nacional los expedientes relacionados con exfuncionarios y personajes investigados por autoridades federales, sin pasar por alto que hasta hoy, el ex gobernador de Tamaulipas radicado en Estado Unidos ya no ha realizado manifestaciones públicas.
