Al final, la realidad terminó alcanzando a la llamada reforma judicial y lo más grave para Morena, es que quien encendió las alarmas fue el propio Instituto Nacional Electoral.
No fue la oposición. No fueron los académicos críticos, ni siquiera los organismos internacionales.
Fue el mismo INE el que salió a reconocer que la elección judicial del 2027 simplemente no cabe dentro del sistema electoral mexicano sin provocar un colapso operativo, presupuestal y ciudadano.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de varios consejeros electorales, entre ellos Frida Denisse Gómez Puga, acudió a la Cámara de Diputados para entregar un diagnóstico técnico sobre la inviabilidad de realizar la elección judicial concurrente con los comicios ordinarios.
Uno de los aspectos que llamó la atención, es que la reunión no fue con la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, sino únicamente con Ricardo Monreal Ávila el pasado 13 de mayo.
Hoy parece que Morena ya normalizó la idea de que Monreal representa por sí solo a toda la Cámara de Diputados y, peor aún, que el INE también lo asuma así.
El documento entregado fue un paquete de 20 láminas. Sí, láminas. Pero más allá del formato improvisado, lo verdaderamente delicado fue la conclusión final: el INE sostiene que la elección judicial no puede realizarse junto con la elección federal y locales del 2027, pero pasarla al 2028.
Así de contundente. Cuando la máxima autoridad electoral del país te dice que algo es prácticamente imposible de organizar, entonces el tema deja de ser político y se convierte en un problema de Estado.
El primer golpe viene por el lado presupuestal. Guadalupe Taddei reveló que organizar la elección de diputados federales junto con la judicial dispararía el presupuesto operativo del INE hasta los 21 mil millones de pesos.
Para dimensionar el gasto. En la elección intermedia del 2021 el INE ejerció poco más de 11 mil millones. Es decir, la elección judicial prácticamente duplicaría el costo.
Y eso sin contar lo que tendrían que gastar los organismos electorales estatales en las 24 entidades donde también habría elecciones judiciales locales.
Pero el dinero es apenas una parte del problema. La verdadera bomba está en la logística y en el ciudadano que llegará a votar. Ahí es donde esta reforma comienza a exhibir todo su nivel de improvisación.
Imagine usted una casilla donde el elector reciba boletas para diputados federales, alcaldes, diputados locales, jueces federales, magistrados federales, jueces locales y magistrados locales.
Ahora imagine el tamaño de esas boletas, la cantidad absurda de nombres y el tiempo que tardaría cada ciudadano intentando entender por quién votar.
Eso no es democracia moderna. Eso es un laberinto electoral. Solo hay que recordar lo que vivimos el 1 de junio del 2025 en Tamaulipas, no solo el conflicto vivido en esa elección, solo votó el 13% del padrón electoral.
Y aquí vale reconocer algo importante: el criterio del doctor Jorge Alcocer Villanueva, uno de los especialistas más serios en materia electoral y fundador de la revista Voz y Voto, hace un puntual apartado sobre esta terca reforma judicial de López Obrador.
Desde hace meses, Alcocer ha advertido que el modelo judicial impulsado por la 4T terminaría por desordenar completamente el sistema electoral mexicano y los hechos comienzan a darle la razón.
Porque el problema ya no es únicamente si la elección se aplaza o no. El verdadero conflicto es que nadie calculó el impacto que tendría meter elecciones judiciales federales y locales dentro de calendarios electorales ya saturados.
El ejemplo más brutal es el Estado de México, cuenta Alcocer. Si se aplaza la elección judicial local al 2028, entonces los mexiquenses tendrían elecciones prácticamente cada año: 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031. Cinco años consecutivos yendo a las urnas.
Eso no fortalece la democracia. La desgasta. La vuelve inviable. La convierte en un caos permanente.
Mientras el INE propone “patear el bote” hasta el 2028, nadie quiere entrar al fondo del asunto: la elección judicial nació mal diseñada desde la Constitución.
La realidad terminó exhibiendo lo que muchos advirtieron desde el principio: elegir jueces y magistrados mediante campañas políticas, acordeones y votaciones masivas era una ocurrencia peligrosamente improvisada.
Hoy el INE intenta administrar el desastre. Pero el problema ya no se resuelve moviendo fechas ni inflando presupuestos.
El verdadero debate es otro: reconocer que la reforma judicial terminó convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad del sistema electoral mexicano.
Algo lamentable: Morena sigue defendiendo el capricho de Andrés Manuel López Obrador y la continuidad que le dio Claudia Sheinbaum Pardo, el país comienza a descubrir el tamaño del desorden que dejaron sembrado.
