Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada de Morena, Ana Laura Huerta, presentó una iniciativa para endurecer las reglas del consentimiento informado y proteger los derechos de pacientes en Tamaulipas.
La propuesta plantea modificar la Ley de Salud estatal para obligar a hospitales y personal médico a informar claramente riesgos, alternativas y consecuencias antes de cualquier procedimiento clínico.
La legisladora sostuvo que miles de pacientes enfrentan cirugías, tratamientos invasivos o intervenciones médicas sin recibir información suficiente, comprensible y oportuna sobre su estado de salud.
Advirtió que el consentimiento informado no puede reducirse únicamente a una firma administrativa, sino que debe convertirse en un verdadero proceso de comunicación y decisión libre.
La iniciativa busca además prevenir casos de violencia obstétrica, fortalecer la autonomía de los pacientes y otorgar mayor certeza jurídica tanto a usuarios como al personal sanitario.
Ana Laura Huerta señaló que durante décadas predominó un modelo médico donde las decisiones recaían exclusivamente en especialistas, dejando al paciente fuera de decisiones fundamentales sobre su cuerpo.
Subrayó que los avances en derechos humanos, bioética y derecho sanitario obligan ahora a garantizar plenamente la libertad individual en cualquier tratamiento o intervención médica.
La reforma establece criterios específicos para que médicos e instituciones proporcionen información veraz, clara y accesible antes de realizar cirugías o tratamientos considerados de alto riesgo.
También contempla mecanismos para asegurar que pacientes y familiares comprendan plenamente diagnósticos, efectos secundarios y opciones terapéuticas antes de otorgar autorización médica formal.
La diputada morenista afirmó que muchas controversias legales y conflictos hospitalarios podrían evitarse mediante una comunicación transparente y un trato digno entre instituciones de salud y ciudadanos.
Destacó que la iniciativa se encuentra respaldada por la Constitución mexicana, la Ley General de Salud, tratados internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia.
Además, vinculó la propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente aquellos relacionados con salud pública, bienestar y protección integral de las personas.
