México enfrenta una combinación delicada de presiones externas e internas que puede agravar la fragilidad de sus finanzas públicas, aunque todavía no configura por sí sola una crisis terminal.
Estados Unidos ha endurecido el entorno para México mediante propuestas o discusiones para supervisar remesas, mayor presión en la próxima revisión del TMEC y vigilancia financiera más estricta sobre operaciones bancarias vinculadas con riesgos de lavado, mientras Moody’s ha advertido que aranceles e impuestos a remesas elevarían la presión sobre la nota soberana mexicana.
En particular, el presidente Donald Trump, firmó el martes un decreto destinado a prevenir las actividades ilícitas en el sistema financiero estadounidense. El decreto instruye al secretario del Tesoro a emitir un aviso formal a las instituciones financieras en el que se identifiquen señales de alerta y patrones de actividad sospechosa relacionados con la evasión de impuestos sobre las nóminas, el ocultamiento de la verdadera titularidad de las cuentas y la trata de personas con fines de explotación laboral, entre otros.
Este cuadro coincide con un primer trimestre de 2026 en el que el PIB mexicano se contrajo 0.8% trimestral y apenas avanzó alrededor de 0.2% anual, reflejando debilidad en agricultura, industria y servicios.
A ello se suma un mercado laboral que conserva baja desocupación, pero con una informalidad de 54.8% y subocupación de 6.7%, lo que limita la recaudación y deteriora la calidad del crecimiento.
El lado favorable es que México sigue siendo un socio comercial estratégico para Estados Unidos por su alta integración manufacturera, de modo que una ruptura abrupta del TMEC también tendría costos para Washington y para empresas norteamericanas.
Además, las remesas continúan siendo un flujo clave de divisas y es más probable una desaceleración o encarecimiento de su envío que una interrupción total.
También persiste cierto margen macroeconómico porque la deuda aún conserva acceso a mercado y la calificación de Moody’s no ha sido llevada a nivel especulativo, aunque el riesgo de deterioro aumentó.
Incluso la presión de OFAC puede tener un efecto positivo indirecto si obliga a bancos mexicanos a elevar sus estándares de cumplimiento y prevención de lavado.
Una menor entrada de remesas afectaría de inmediato el consumo de millones de hogares, sobre todo en regiones dependientes de esos recursos.
Una renegociación ríspida del TMEC, acompañada de aranceles o reglas más severas, golpearía exportaciones, inversión y expectativas de nearshoring.
Si a ello se añadiera una rebaja de calificación, aumentaría el costo del financiamiento soberano y corporativo, presionando el pago de la deuda externa y reduciendo espacio para gasto productivo.
Una acción severa de OFAC contra bancos mexicanos podría perturbar corresponsalías en dólares y elevar la volatilidad financiera.
La salida para el gobierno de Sheinbaum pasa por cuatro frentes simultáneos:
Primero, una diplomacia económica más firme con Washington para defender el TMEC, evitar medidas generalizadas contra remesas y dar certidumbre a las cadenas regionales de valor.
Segundo, reforzar de inmediato la supervisión bancaria y la coordinación entre UIF, CNBV y banca comercial para reducir riesgos sancionables por OFAC.
Tercero, adoptar una estrategia fiscal prudente, con contención del gasto corriente improductivo, priorización de inversión rentable y manejo más cuidadoso de vencimientos de deuda.
Cuarto, atacar la informalidad con incentivos a la formalización de micro y pequeñas empresas, simplificación tributaria y políticas activas de empleo para elevar productividad y base fiscal.
En suma, la amenaza no debe minimizarse, pero tampoco exagerarse: la clave está en reaccionar antes de que la desaceleración económica, la presión externa y la desconfianza financiera se conviertan en una crisis de mayor escala.
