Ciudad Victoria, Tamaulipas.— A pocos días de vencer el plazo legal para presentar la declaración patrimonial y de intereses, alrededor del 35 por ciento de los servidores públicos estatales todavía no cumple con esta obligación administrativa.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que hasta ahora el nivel general de cumplimiento alcanza aproximadamente el 65 por ciento entre los más de 80 mil trabajadores gubernamentales.
La funcionaria recordó que el plazo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas concluye el próximo 31 de mayo, por lo que las dependencias aceleran el proceso de captura y validación.
Destacó que organismos como la Universidad Politécnica de Victoria y el Centro Regional de Formación Docente alcanzaron ya el cien por ciento en declaraciones completas y simplificadas presentadas correctamente.
Pedraza Melo señaló que otras áreas del gobierno estatal también podrían llegar al cumplimiento total antes de finalizar la semana, debido al avance registrado durante los últimos días.
Entre esas dependencias mencionó la Secretaría General de Gobierno, la Oficina del Gobernador, Bienestar Social, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, además de Parques y Biodiversidad.
Informó además que algunos organismos descentralizados mantienen niveles elevados de cumplimiento, destacando los resultados alcanzados por dependencias relacionadas con servicios públicos y asistencia social.
La Comapa de Río Bravo registra hasta ahora un avance cercano al 99 por ciento, mientras que el Instituto de las Mujeres y el DIF estatal superan el 97 por ciento.
También la Comisión de Caza y Pesca Deportiva mantiene uno de los mayores niveles de cumplimiento administrativo dentro de las entidades sujetas a esta obligación patrimonial anual.
La titular de la Secretaría Anticorrupción indicó que la dependencia con más declaraciones recibidas es la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con cerca de 30 mil registros procesados.
Detalló que la Secretaría de Seguridad Pública acumula alrededor de seis mil declaraciones patrimoniales y de intereses, cifra similar a la reportada por la Secretaría estatal de Salud.
Pedraza Melo expresó confianza en que antes del cierre legal se alcance el cumplimiento total, evitando sanciones administrativas derivadas de la omisión en este procedimiento obligatorio para funcionarios.
