Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió que cientos de trabajadores permanecen atrapados en procesos interminables, pese a contar con resoluciones favorables emitidas por tribunales laborales.
El secretario técnico de la CODHET, Orlando Javier Rosado Barrera, señaló que el incumplimiento de sentencias se convirtió en una de las principales causas de inconformidad entre empleados afectados.
Explicó que numerosos expedientes permanecen detenidos durante años en la etapa de ejecución, aun cuando los trabajadores ya obtuvieron fallos favorables tras largos litigios laborales.
“La justicia pierde sentido cuando no logra concretarse en los hechos. Una sentencia incumplida termina convirtiéndose en una negación del derecho”, sostuvo el funcionario del organismo defensor de derechos humanos.
Rosado Barrera indicó que la CODHET mantiene actualmente más de 14 expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la impartición de justicia laboral dentro del estado.
Detalló que varios casos corresponden a obreros de la industria maquiladora despedidos injustificadamente, quienes continúan esperando liquidaciones, salarios caídos o compensaciones determinadas por autoridades laborales.
Añadió que las demoras prolongadas generan afectaciones económicas severas para familias enteras, debido a que muchos trabajadores quedan sin ingresos mientras enfrentan procedimientos interminables para cobrar indemnizaciones.
El funcionario consideró que los retrasos no solamente evidencian problemas administrativos, sino posibles violaciones a derechos fundamentales relacionados con acceso efectivo a una justicia pronta y completa.
Sostuvo que, en distintos asuntos revisados por la Comisión, no se encontraron elementos suficientes que justificaran el tiempo excesivo invertido para cumplir resoluciones laborales ya emitidas.
Además, explicó que parte del problema deriva de la falta de previsión presupuestal de instituciones y empresas responsables del pago ordenado mediante laudos o sentencias definitivas.
Rosado Barrera insistió en que las autoridades obligadas a cumplir resoluciones judiciales deben asumir que garantizar el pago y ejecución también forma parte esencial del derecho a la justicia.
