Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene abiertas investigaciones contra 24 servidores y ex servidores públicos por presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas durante procesos de verificación administrativa.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que las indagatorias derivan de denuncias y revisiones relacionadas con evolución patrimonial, movimientos financieros y posibles irregularidades en declaraciones oficiales.
Precisó que entre los casos bajo análisis existen funcionarios de la actual administración estatal y ex integrantes de gobiernos anteriores, cuyas operaciones continúan siendo revisadas por distintas instancias.
La funcionaria adelantó que, conforme avancen las investigaciones, podrían solicitar información adicional a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, así como a instituciones bancarias.
“Ahorita se encuentran en etapa de verificación documental y cruce de información para determinar si existe congruencia entre ingresos, bienes y movimientos patrimoniales”, explicó Pedraza Melo.
Detalló que la dependencia actualmente revisa declaraciones patrimoniales de más de 80 mil trabajadores del servicio público estatal para detectar posibles omisiones o inconsistencias administrativas.
En paralelo, se han iniciado procedimientos contra funcionarios que incumplieron con la presentación obligatoria de declaraciones patrimoniales y de intereses dentro de los plazos establecidos por ley.
La secretaria explicó que cuando existen diferencias entre los bienes reportados y los ingresos declarados, se activa una revisión más profunda para determinar posibles responsabilidades administrativas o legales.
Como parte de las investigaciones, la dependencia realiza cruces de información con el Instituto Registral y Catastral para verificar operaciones relacionadas con propiedades, terrenos y movimientos inmobiliarios.
Pedraza Melo indicó que el objetivo es confirmar si los bienes declarados coinciden con los registros oficiales y con la capacidad económica acreditada por cada servidor público investigado.
En caso de detectar inconsistencias relevantes o información no comprobable, los expedientes podrían ser turnados a instancias financieras o autoridades competentes para ampliar las indagatorias correspondientes.
La funcionaria subrayó que las revisiones forman parte de los mecanismos de control patrimonial implementados para fortalecer la transparencia y combatir posibles actos de corrupción dentro del servicio público estatal.
