Cada año la historia se repite con una puntualidad casi burocrática. Cuando se acerca el vencimiento para el pago de derechos vehiculares, el gobierno estatal anuncia descuentos, condonaciones y, al final del camino, una nueva prórroga. Esta vez no es la excepción. El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, anticipó una extensión al programa de descuentos en el cobro de derechos de control vehicular 2026.
La explicación oficial intenta suavizar cualquier sospecha de afán recaudatorio. No se trata, dice el funcionario, de recaudar más dinero, sino de poner orden y brindar certeza jurídica a quienes poseen un vehículo.
El argumento, planteado así, suena razonable y hasta jurídicamente impecable. El problema está en la práctica, porque la realidad suele desmentir los buenos propósitos.
Formalmente, el programa vence el próximo 31 de mayo. Hasta esa fecha, miles de automovilistas y motociclistas morosos pueden regularizarse con condonaciones en recargos, multas y otros cobros extraordinarios. Pero antes incluso de que el plazo concluya, ya se anuncia una nueva ampliación. El mensaje para el ciudadano es inequívoco.
Y ahí es donde surge una pregunta incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Hasta qué punto resulta válido seguir premiando al incumplido mientras se deja sin reconocimiento alguno al contribuyente que sí cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales?
Porque, aunque se le disfrace con tecnicismos administrativos, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Año tras año, la autoridad otorga beneficios extraordinarios a quienes decidieron no pagar, mientras quienes hicieron el esfuerzo de cumplir puntualmente observan cómo su disciplina termina siendo ignorada.
Más grave aún, el esquema genera un incentivo perverso. El ciudadano aprende rápido. Sabe que no pagar a tiempo no acarrea consecuencias reales y que, tarde o temprano, llegará una nueva oportunidad para regularizarse con descuentos y facilidades. Así se construye una cultura del incumplimiento.
El resultado está a la vista. Lejos de reducir la morosidad, estas políticas parecen consolidarla. Cada prórroga alimenta la percepción de que el cumplimiento fiscal es opcional, de que basta con esperar lo suficiente para que llegue una nueva condonación gubernamental.
El fenómeno no se limita al control vehicular. Lo mismo ocurre con el predial y con otros gravámenes estatales o municipales. Se ha instalado una lógica donde el Estado termina negociando el cumplimiento de obligaciones que deberían ser irrenunciables.
Es probable que detrás de esta estrategia exista un cálculo político entendible. Aplicar la ley con rigor genera costos, incomoda y suele traducirse en desgaste para la autoridad. Conceder descuentos, en cambio, produce aplausos momentáneos y reduce tensiones coyunturales.
Pero gobernar no consiste solamente en administrar simpatías. También implica construir institucionalidad, fortalecer la cultura de la legalidad y dejar claro que las normas existen para cumplirse, no para renegociarse periódicamente al amparo de programas extraordinarios.
La fórmula correcta puede resultar más dura y menos popular, pero es mucho más efectiva. Si un contribuyente incumple, debe enfrentar las consecuencias previstas en la ley. Para eso existen las sanciones, los recargos y los mecanismos coercitivos del Estado.
Seguir apostándole al perdón tributario es persistir en un error que desalienta al cumplido, fortalece al moroso y erosiona la credibilidad institucional. La pregunta final es inevitable. ¿Cuánto tiempo más seguirá el gobierno premiando al que no cumple y castigando, con indiferencia, al ciudadano responsable? ¿O no?
EL RESTO.
NEPOTISMO YA, REELECCIÓN HASTA EL 2030.-Este lunes el gobernador, Américo Villarreal Anaya, envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que busca homologar la carta magna del estado con la federal.
Lo más novedoso es que el nepotismo electoral (la herencia de los cargos públicos) tendrá vigencia inmediata en la elección del 2027, a diferencia de lo que ocurre a nivel federal que será efectiva hasta el 2030.
En el tema de la no reelección, los actuales diputados y alcaldes se salvaron, porque el año próximo podrán competir por un segundo periodo, toda vez que la figura será obligatoria hasta el 2030.
Mientras la iniciativa era leída durante la sesión ordinaria de este lunes, el presidente de la mesa directiva, el morenista, Sergio Ojeda, y el panista, José Abdo Schekaiban Ongay, se mostraban nerviosos, porque temían que su intención de reelegirse hubiera llegado a su fin.
Cuando escucharon que esa figura tendrá vigencia hasta el 2030, como que se relajaron.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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La costumbre de premiar al moroso
