Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Ante el incremento de robos y vandalismo en planteles educativos, el Congreso dio entrada a una reforma para obligar a Seguridad Pública a vigilar permanentemente las escuelas del estado.
La iniciativa, propuesta por Blanca Anzaldua, busca incorporar nuevas atribuciones legales para que la Secretaría de Seguridad Pública diseñe operativos preventivos, monitoreo estratégico y mecanismos especiales de protección patrimonial en centros escolares públicos.
El proyecto de la diputada de Morena, advierte que actualmente las autoridades actúan únicamente después de consumados los delitos, dejando a las escuelas expuestas a saqueos, daños y suspensión de actividades académicas.
Durante los últimos años, dijo, múltiples planteles han sufrido robo de cableado eléctrico, equipos de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, mobiliario, material tecnológico y daños severos en infraestructura básica.
Estas afectaciones, señala la propuesta legislativa, no solo representan pérdidas económicas, sino interrupciones directas al derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación en condiciones adecuadas.
“Cada ataque contra una escuela provoca suspensión parcial o total de clases, desvío de recursos presupuestales y deterioro de las condiciones laborales para docentes y personal administrativo”.
La reforma plantea crear una estrategia estatal permanente de protección escolar, enfocada especialmente en temporadas vacacionales, recesos y zonas consideradas de alta vulnerabilidad delictiva.
Entre las nuevas disposiciones se contempla vigilancia preventiva focalizada, análisis territorial de riesgos y protocolos especiales de reacción inmediata ante daños o amenazas contra instalaciones educativas.
Además, se propone formalizar la coordinación entre Seguridad Pública, Secretaría de Educación, autoridades municipales, brigadas escolares y consejos de participación ciudadana.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una Mesa Interinstitucional Permanente para la Protección Preventiva de la Infraestructura Educativa Pública.
Ese organismo sesionaría cada tres meses para evaluar incidencias, revisar resultados operativos y ajustar estrategias de seguridad conforme al comportamiento delictivo registrado en los planteles escolares.
La propuesta también permitiría convocar a representantes educativos y autoridades municipales para fortalecer acciones conjuntas de vigilancia y prevención en las regiones con mayores afectaciones.
Los promoventes sostienen que Tamaulipas necesita pasar de un modelo reactivo a una política obligatoria de prevención institucional que garantice escuelas seguras y funcionales en todo el estado.
