Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Tirar basura en calles, drenes, alcantarillas o espacios públicos podría costar hasta 2 mil 371 pesos en Tamaulipas, según una iniciativa presentada en el Congreso local.
La propuesta impulsada por diputados de Morena busca endurecer las sanciones contra quienes contaminen áreas urbanas y provoquen taponamientos que terminan agravando inundaciones durante lluvias intensas.
Para lograrlo, la iniciativa plantea incorporar los artículos 318 Bis y 318 Ter al Código Municipal del Estado, con el propósito de convertir esta conducta en una infracción administrativa específica.
La reforma contempla sanciones para personas que arrojen, abandonen o derramen residuos sólidos en banquetas, parques, jardines, plazas públicas, camellones, drenes, canales y alcantarillas.
También incluye castigos para quienes lancen basura desde automóviles, motocicletas, bicicletas, remolques o cualquier otro tipo de vehículo utilizado para circular en espacios públicos.
Las sanciones irían desde una amonestación preventiva hasta multas económicas equivalentes a entre cinco y 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Con los valores actuales de la UMA, las multas oscilarían entre 592 y 2 mil 371 pesos, además de trabajo comunitario y el pago de gastos por limpieza.
La iniciativa establece que en casos de reincidencia dentro de un periodo de 12 meses, las multas no podrán ser inferiores a las 10 UMAs vigentes actualmente.
Eso significa que quienes repitan la conducta enfrentarían sanciones superiores a mil 185 pesos, además de medidas adicionales determinadas por las autoridades municipales correspondientes.
Los legisladores argumentan que la acumulación de basura en la vía pública se ha convertido en uno de los principales factores que colapsan los sistemas pluviales en distintas ciudades.
Además del impacto ambiental, la propuesta advierte que el problema incrementa riesgos sanitarios, genera focos de infección y obliga a los municipios a destinar mayores recursos para limpieza.
El proyecto también obliga a las autoridades a valorar distintos factores antes de aplicar sanciones, incluyendo la cantidad de residuos arrojados y el daño ocasionado al entorno urbano.
Entre los criterios considerados aparecen el riesgo sanitario generado, la posible obstrucción de drenajes y las condiciones socioeconómicas de la persona responsable de la infracción.
