Washington. Un hombre albanés dijo que el dolor se volvió tan insoportable que él mismo se arrancó un diente mientras languidecía durante meses en un centro de detención de inmigrantes en Nuevo México. Una madre hondureña de dos hijos contó que fue hospitalizada por un problema cardíaco después de que le negaron medicamentos para la presión arterial mientras estaba detenida en Florida. Un venezolano refirió que la pierna se le puso morada e hinchada por una bacteria come carne porque el personal de un centro en Vermont no lo llevó a una cita médica programada.
Cientos de detenidos en al menos 33 estados de Estados Unidos alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación del servicio KFF Health News, una redacción nacional especializada en temas de salud, y The Associated Press.
Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o que no los reciben en absoluto— para afecciones que incluyen hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, mal de Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en la sangre aumentaron. Las infecciones se agravaron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos sufrieron colapsos y convulsiones.
Desde hace mucho tiempo, las cárceles y los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos han tenido dificultades para satisfacer las necesidades médicas de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose ante el aumento de detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo: a mediados de enero, más de 75 mil inmigrantes se encontraban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), frente a los aproximadamente 40 mil del año anterior.
KFF Health News y la AP analizaron miles de casos judiciales, presentados desde la segunda investidura de Trump, que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE retiene ilegalmente a personas. Los registros ofrecen una perspectiva única sobre la manera en que los detenidos reportan —a menudo bajo pena de perjurio— cómo atiende el ICE sus necesidades médicas. Los periodistas también entrevistaron a más de 50 detenidos, familiares y abogados.
La investigación reveló que se alega negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, inclusive en oficinas no diseñadas para albergar personas, cárceles de condados y centros improvisados con apodos como el de “Alcatraz de los Caimanes”, en Florida.
La detención por parte del ICE es más letal ahora que en las últimas dos décadas, escribieron en abril los investigadores en la revista científica The Journal of the American Medical Association (JAMA). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo mandato de Trump, y que los suicidios se dispararon a una cifra sin precedentes.
KFF Health News y la Ap le solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional que respondiera a los hallazgos seis días antes de su publicación, pero este no hizo comentarios. El director médico interino del departamento, Sean Conley, ha declarado anteriormente que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan a la custodia del ICE”, y que la agencia contrata a profesionales de la salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.
Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas que tienen contratos con el DHS y que respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia indicaron que se apegan a los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica adecuada cuando se requiere. Algunas dijeron desconocer las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras culparon a algunos detenidos por las deficiencias en su atención médica.
“Nunca he visto un desprecio ni negligencia médica como esta en ningún lugar”, escribió Vardan Gukasian, un disidente político y exparamédico que pasó años en prisión en Armenia, en una declaración judicial en marzo para impugnar su detención en Nevada, que ya se había extendido 13 meses pese a que él padecía problemas de salud.
Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en sus instalaciones, y que el tribunal no había ordenado ningún cambio en la atención para él.
En junio pasado, mientras Gukasian experimentaba los síntomas de una hipertensión arterial descontrolada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.
“Al no llegar, el resto del pabellón golpeó sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.
“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”
En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a cientos de miles de personas durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.
Aproximadamente 70 por ciento de los detenidos no tienen antecedentes penales. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.
“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, enfatizó un padre de seis hijos en Georgia. Contó que resultó herido mientras estaba esposado cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta dio una sacudida, ante lo cual salió disparado de su asiento y se estrelló contra un reposabrazos metálico. Su herida se infectó con E. coli, porque tenía que dormir en un suelo de cemento sucio, entre inodoros con fugas, según dijo.
Al igual que otros entrevistados, habló a condición de guardar el anonimato. Manifestaron que temen por su seguridad, por la de sus familias o que hablar públicamente ponga en riesgo sus casos de inmigración. La Ap y KFF Health News no revelan la identidad de ninguna persona identificada en documentos judiciales sin su consentimiento.
El personal del Centro de Detención Stewart, en una zona rural cercana al pueblo de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a la solicitud de asistencia médica de este hombre, según consta en los expedientes judiciales, hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital aproximadamente a una hora de distancia. Allí, agregó, un médico le informó que, si se hubiera demorado un poco más en llegar, le habrían tenido que amputar la pierna izquierda. El personal médico no tenía constancia de ningún caso que coincidiera con esta descripción, indicó Brian Todd, portavoz de CoreCivic, la empresa que gestiona el centro.
El hombre de 48 años, quien emigró a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas, fue liberado en octubre y ahora es residente permanente legal. No obstante, no está seguro de poder regresar a su trabajo en la industria de la construcción, dado que, debido a su lesión, ya no puede levantar objetos pesados, según expuso.
Algunos detenidos o sus abogados notificaron que incluso se les negó atención básica: gasa para proteger una herida abierta en el pie, atención prenatal para un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor al dormir con cáncer de estómago avanzado, y compresas sanitarias para el sangrado posparto.
“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de aquellos a quienes mantiene detenidos durante cualquier periodo de tiempo”, manifestó Benita Pearson, jueza federal en Ohio, durante una audiencia en octubre sobre una mujer de 70 años que alegó que el gobierno le perdió sus gafas durante su arresto. “Si una persona no puede ver debido a la pérdida de sus anteojos durante la detención, eso debería solucionarse”.
Dora Schriro, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial del Colegio de Abogados de Estados Unidos, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno trate a las personas detenidas por motivos de inmigración con la misma atención que brinda a quienes se encuentran en cárceles tradicionales aguardando un juicio. Pero a los administradores se les otorgan facultades discrecionales, y los estándares de atención médica varían.
Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, a menudo sin previo aviso, lo que interrumpe su tratamiento. Una mujer de El Salvador refirió que dejó de tomar su medicación contra el VIH durante una semana al ser trasladada de Colorado a una cárcel de condado en Wyoming.
Un ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por sus dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano.
“Desafortunadamente, nunca pude verlo debido a que me trasladaron entre varios centros de detención”, señaló.
Defensores dicen que incluso las discapacidades evidentes, como la ceguera legal, son ignoradas.
Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para mantener la visión que le quedaba. No obstante, denunció que algunos días las gotas nunca llegaban.
“Ahora sólo puedo ver un poco directamente de frente. A menudo parece que veo a través de una gasa”, escribió el hombre en una declaración judicial. “Me da mucho miedo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.
Escribió que le da miedo no poder ver a su hijo crecer.
“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década uno hubiera pensado que serían absurdas, como el hecho de que uno no pueda ver”, apuntó Brian Hoffman, el abogado del hombre. “Antes, uno podía intentar trabajar con la gente del gobierno y tal vez hacerles sentir vergüenza para que hicieran lo correcto. Ahora, parece que para cualquier cosa que uno quiera conseguir, hay que ir a juicio y demandar”.
Ni siquiera las órdenes judiciales son suficientes en todos los casos. Un juez de California le ordenó al gobierno que llevara a un hombre con síntomas de cáncer de próstata a un especialista para su diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron. Los abogados que representan al ICE le dijeron al juez que los funcionarios no acudieron a la cita debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, la empresa que gestiona esas instalaciones, declaró que no podía hacer comentarios sobre litigios en curso.
