Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los deudores alimentarios morosos podrían enfrentar nuevas restricciones en Tamaulipas, luego de que Morena impulsó una reforma para impedirles realizar operaciones inmobiliarias ante notarios públicos.
La iniciativa fue presentada en el Congreso local por el diputado Armando Zertuche Zuani, quien planteó fortalecer las medidas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La propuesta busca incorporar a la Ley del Notariado disposiciones que obliguen a los fedatarios públicos a negar determinados trámites cuando los solicitantes aparezcan registrados como deudores morosos.
El proyecto deriva de reformas federales aprobadas en 2023, las cuales establecieron mecanismos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante mayores controles administrativos.
Entre esas disposiciones se encuentra la exigencia del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concretar diversos actos jurídicos relacionados con bienes inmuebles.
Aunque la legislación federal ordenó armonizar las normas estatales, Tamaulipas no incorporó expresamente esta obligación dentro de su Ley del Notariado, generando un vacío legal.
Zertuche Zuani explicó que actualmente muchos notarios ya realizan consultas en registros nacionales y estatales para verificar la situación de quienes solicitan sus servicios.
Sin embargo, advirtió que dichas revisiones operan sin una disposición específica dentro de la legislación local, situación que limita su alcance y certeza jurídica.
La reforma establece que los notarios deberán abstenerse de intervenir en operaciones promovidas por personas inscritas como deudores alimentarios morosos hasta regularizar su situación legal.
El legislador sostuvo que la medida busca evitar que quienes incumplen con la manutención de sus hijos realicen actos patrimoniales sin asumir previamente sus responsabilidades familiares.
Además, consideró que el Congreso estatal tiene la obligación de actualizar el marco normativo para cerrar vacíos legales y fortalecer la protección integral de la niñez.
La iniciativa forma parte de una estrategia nacional para endurecer las consecuencias jurídicas contra quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias y vulneran derechos fundamentales de menores.
