Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La desaparición de los organismos garantes de transparencia dejó en pausa decenas de procedimientos relacionados con partidos políticos. En Tamaulipas, al menos 150 expedientes permanecen sin resolución definitiva, reconoció Juan José Ramos Charre.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas informó que estos casos continúan detenidos debido a que las nuevas autoridades responsables aún no concluyen los mecanismos necesarios para atenderlos.
La situación surgió tras la extinción del organismo estatal de transparencia y la entrada en vigor de reformas federales y locales que modificaron competencias institucionales.
Este proceso de transición generó un vacío administrativo que mantiene suspendida la atención de denuncias relacionadas con presuntos incumplimientos en materia de acceso a la información pública.
Juan José Ramos Charre, agregó que el cambio de atribuciones provocó un periodo de ajuste en el que todavía no existen procedimientos plenamente definidos para resolver estos asuntos.
Las responsabilidades que anteriormente recaían en organismos especializados fueron transferidas a nuevas instancias vinculadas a las áreas de transparencia y combate a la corrupción.
En el ámbito político-electoral, la legislación determinó que corresponde al Instituto Nacional Electoral fungir como autoridad garante respecto de las obligaciones de transparencia de los partidos.
Sin embargo, el organismo electoral nacional todavía no concluye las adecuaciones reglamentarias necesarias para asumir plenamente las facultades que le fueron conferidas.
Mientras ese proceso permanece inconcluso, los expedientes continúan acumulándose sin que exista una fecha definida para el reinicio formal de su análisis.
El titular del IETAM, explicó que la reciente resolución de la Suprema Corte confirmó que el INE será la autoridad encargada de supervisar a partidos nacionales y locales.
Dicha determinación también ratificó que corresponde al órgano electoral federal atender los recursos y procedimientos derivados de posibles incumplimientos de las fuerzas políticas.
Actualmente, los expedientes permanecen bajo resguardo institucional mientras se establecen las reglas operativas que permitirán canalizarlos hacia la autoridad competente.
La mayoría de los casos fueron integrados originalmente por el desaparecido órgano estatal de transparencia y quedaron pendientes al momento de la reestructuración institucional.
Las denuncias involucran presuntas faltas relacionadas con obligaciones de transparencia de partidos políticos con registro nacional y acreditación dentro del estado.
Hasta ahora no existe una definición sobre cuándo comenzarán a resolverse estos asuntos, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las reformas.
Las autoridades electorales insistieron en que la continuidad de los procedimientos dependerá de que el INE concluya la actualización de sus disposiciones normativas.
Una vez establecidos los nuevos lineamientos, el organismo nacional podrá determinar si existieron o no violaciones a las obligaciones de transparencia por parte de los partidos señalados.
