Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cerca de siete mil servidores públicos de Tamaulipas que incumplieron con su declaración patrimonial y de intereses recibieron una última oportunidad antes de enfrentar sanciones administrativas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que los funcionarios que no presentaron su declaración al cierre del 31 de mayo disponen de 30 días adicionales para regularizarse.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que durante este periodo se revisará individualmente cada expediente para determinar si existió incumplimiento o alguna causa justificada.
Explicó que la Dirección de Responsabilidades analizará caso por caso, debido a que no todas las omisiones corresponden necesariamente a una conducta deliberada de los servidores públicos.
Una vez que sean notificados formalmente, los funcionarios señalados tendrán un plazo adicional para presentar documentación, aclaraciones o pruebas que acrediten el cumplimiento de la obligación.
La funcionaria señaló que entre las incidencias detectadas figuran errores en el envío electrónico de información, fallas en la generación de acuses y problemas administrativos.
También se identificaron situaciones relacionadas con complicaciones de salud o circunstancias extraordinarias que pudieron impedir la presentación de la declaración dentro del periodo establecido.
Pedraza Melo destacó que el objetivo principal es garantizar el cumplimiento de la ley, sin dejar de valorar las condiciones particulares que enfrentó cada servidor público.
La Ley de Responsabilidades Administrativas considera la omisión de la declaración patrimonial como una falta administrativa catalogada dentro de las infracciones no graves.
Sin embargo, las consecuencias pueden variar desde una amonestación privada o pública hasta la suspensión temporal, destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Las sanciones más severas contemplan impedir el desempeño de funciones gubernamentales durante periodos que pueden ir de tres meses hasta un año.
La secretaria reveló que durante 2026 ya se han aplicado alrededor de 60 sanciones contra funcionarios que incumplieron con esta obligación legal.
Subrayó que la presentación de la declaración patrimonial constituye una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La dependencia reiteró el llamado a los servidores públicos pendientes para aprovechar el plazo extraordinario y evitar procedimientos administrativos que podrían derivar en castigos legales.
Con esta revisión masiva, el Gobierno estatal busca depurar los registros, verificar cada situación particular y garantizar que los funcionarios cumplan con sus obligaciones patrimoniales.
