Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado endureció la vigilancia sobre las cuentas públicas y encendió una alerta: los pequeños incumplimientos administrativos que antes pasaban inadvertidos pueden convertirse en actos de corrupción y millonarios quebrantos.
El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, afirmó que uno de los cambios más importantes implementados consiste en dar seguimiento puntual a las observaciones administrativas para evitar que expedientes permanezcan archivados sin consecuencias.
Explicó que las llamadas faltas no graves suelen minimizarse porque no implican denuncias penales inmediatas; sin embargo, representan el primer eslabón de conductas que pueden derivar posteriormente en irregularidades mayores.
Señaló que una observación atendida oportunamente reduce riesgos financieros, corrige malas prácticas administrativas y fortalece los controles internos antes de que se generen daños patrimoniales significativos.
Noriega Orozco sostuvo que históricamente existía una baja proporción de expedientes concluidos respecto al número de observaciones emitidas, situación que impedía conocer el destino final de cada procedimiento.
Recordó que las faltas administrativas recaen en los órganos internos de control de cada ente público, donde frecuentemente no existía retroalimentación suficiente sobre investigaciones, sanciones o resoluciones.
Ante ese panorama, la Auditoría modificó su estrategia institucional y comenzó a requerir avances, informes y evidencias sobre cada expediente abierto para impedir que los procedimientos quedaran inconclusos.
El titular de la ASE reveló que durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 se detectaron cerca de dos mil presuntas responsabilidades administrativas, las cuales deberán investigarse conforme a la legislación vigente.
Precisó que las sanciones pueden ir desde amonestaciones públicas o privadas hasta suspensiones, inhabilitaciones y despidos, dependiendo de la gravedad de las conductas detectadas durante las revisiones.
El auditor advirtió que cuando las faltas menores no reciben castigo ni seguimiento, se genera una percepción de impunidad que alienta conductas cada vez más riesgosas dentro del servicio público.
“Es ahí donde empieza todo”, alertó, al explicar que la normalización de incumplimientos administrativos abre la puerta a irregularidades más graves y posteriormente a posibles actos de corrupción.
En materia financiera, destacó que los ayuntamientos lograron reducir alrededor de 21 por ciento los montos observados, reflejando avances en la administración central y mejores prácticas de control.
Sin embargo, las COMAPAS registraron un deterioro superior al 40 por ciento en sus observaciones, mientras otros organismos paramunicipales mostraron incrementos cercanos al 70 por ciento en irregularidades detectadas.
Para Noriega Orozco, estas cifras reflejan que algunos entes corrigen deficiencias en determinadas áreas, pero simultáneamente descuidan otras, provocando que los problemas administrativos se trasladen de un organismo a otro.
Finalmente, identificó como uno de los principales desafíos la falta de personal capacitado en numerosos municipios, situación que limita la correcta administración de recursos y complica la prevención de futuros quebrantos.
