Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El doctor Alejandro Valdés, rompió otra vez el silencio, y acusó que detrás del litigio que enfrenta, existe una persecución judicial derivada de intereses políticos y económicos, revirando así, la versión que dió el Consejero Jurídico del Gobierno de Tamaulipas.
Durante su postura, en ejercicio de su derecho de réplica, respondió a los señalamientos realizados por el consejero jurídico Marco Antonio García Barrientos. “Me están asfixiando legalmente y me han privado de mi derecho a defenderme, al negarme presentar y validar testigos en este juicio”.
El doctor y empresario, que acusó de ser extorsionado con un “moche” de 110 mdp en el Gobierno de Tamaulipas, acusa de un proceso judicial desigual; “sí hay persecución judicial”, asegura en su derecho de réplica.
Valdés, sostuvo que las investigaciones en su contra comenzaron después de publicaciones periodísticas relacionadas con el contrato para el suministro de despensas gubernamentales durante 2023.
Aseguró que desde entonces, se activaron procedimientos administrativos, fiscales y penales que, según su versión, han limitado sus posibilidades de defensa jurídica.
El empresario afirmó que cuenta con documentos, correos electrónicos y expedientes que respaldan los argumentos expuestos durante su respuesta pública difundida este miércoles.
Uno de los puntos centrales de su exposición, fue la supuesta exigencia de un pago millonario, relacionado con el contrato de despensas.
Según relató, tras resultar favorecido en la licitación para la venta de despensas, habría enfrentado presiones económicas que, aseguró, alcanzaban una cifra cercana a los ciento diez millones de pesos.
Valdés, sostuvo que la negativa a aceptar ese planteamiento, detonó una serie de acciones legales en su contra que, terminaron escalando hasta instancias penales.
El empresario rechazó además las versiones oficiales relacionadas con las pólizas de garantía que forman parte de las investigaciones actualmente abiertas.
Explicó que los documentos presentados ante las autoridades, fueron emitidos por terceros y que las fechas contenidas en ellos pueden verificarse documentalmente, parte de las pruebas, las mostró para remarcar su defensa.
También insistió en que, nunca recibió una notificación adecuada sobre presuntos incumplimientos contractuales, situación que consideró fundamental dentro del litigio administrativo y demandó, logran ganar, lo que generó la respuesta agresiva del Gobierno del Estado.
Recordó que una resolución inicial le resultó favorable precisamente, por observaciones relacionadas con la forma en que se desarrolló ese procedimiento.
Otro de los temas abordados fue su situación jurídica personal, derivada de las medidas cautelares impuestas por una autoridad judicial, quien le exigió su pasaporte, visa y le prohibió salir de la ciudad, “eso es un arraigo, yo nunca dije que fue un arraigo domiciliario”.
Valdés añadió que actualmente, debe presentarse semanalmente ante las autoridades y cumplir diversas restricciones ordenadas por un juez competente.
Entre esas medidas mencionó la obligación de firmar periódicamente, exhibir una garantía económica.
Sostuvo que dichas disposiciones, limitan considerablemente su movilidad y contradicen las afirmaciones oficiales sobre una supuesta libertad plena de desplazamiento.
Durante su réplica, también reveló que sostuvo reuniones con Marco Antonio García Barrientos, Consejero Jurídico del Gobierno y las imágenes que se muestran llegando a Palacio, “fue por el licenciado me pidió que fuera para llegar a un acuerdo”.
Sin embargo, afirmó que no aceptó las condiciones planteadas porque implicaban desistirse de acciones legales que actualmente mantiene vigentes, con la finalidad de retirar las denuncias qué hay en su contra.
El empresario, insistió en que fue convocado por el funcionario estatal para sostener ese encuentro y negó haber promovido personalmente dicho acercamiento.
Además, denunció que durante el proceso de litigio, se le impidió presentar testimonios que consideraba fundamentales para fortalecer su defensa jurídica.
“Me quitaron el derecho de mis testigos. Yo presenté diez testigos, diez pruebas testimoniales, y de las diez me las quitaron todas…
Y ya quieren iniciar un proceso contra mí. Pues ya lo iniciaron”.
Dijo sentirse en desventaja, frente al aparato gubernamental y sostuvo que enfrenta una batalla legal desigual desde hace varios meses.
Aseguró que continuará difundiendo información sobre el caso conforme avancen las audiencias y procedimientos judiciales relacionados con el expediente.
Aseguró que todas sus declaraciones están respaldadas con documentos oficiales y expresó preocupación por las consecuencias que el proceso pudiera generar.
“Estoy defendiéndome con los elementos que tengo y quiero que la sociedad conozca mi versión”, expresó al concluir su posicionamiento público, sin pasar por alto un sentimiento que enfrenta por la persecución judicial del gobierno estatal.
“…Y sí, sí tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar y de lo que puede pasarme a mí y a mi familia”.
