Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las mujeres que enfrenten agresiones en contextos de violencia de género podrían contar con una protección jurídica más amplia en Tamaulipas, mediante una reforma que obligaría a jueces y fiscales a valorar integralmente las circunstancias que rodean cada caso antes de emitir una resolución.
El diputado local de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado e incorporar de manera explícita la perspectiva de género dentro de los criterios aplicables a la legítima defensa.
La propuesta busca que las autoridades judiciales reconozcan las condiciones particulares que enfrentan las víctimas de violencia, evitando interpretaciones aisladas de los hechos al momento de determinar responsabilidades penales.
De acuerdo con el proyecto legislativo, se presumirá la legítima defensa cuando una mujer cause daño a quien ejerza violencia física, sexual, familiar o feminicida en su contra.
Para ello, deberá acreditarse que existía un riesgo real, inmediato o inminente que pusiera en peligro su integridad física, emocional o incluso su propia vida.
La iniciativa establece que los órganos encargados de impartir justicia deberán analizar el entorno completo en que ocurrieron los hechos y no únicamente el momento específico de la agresión.
Entre los elementos que deberán valorarse destacan antecedentes de violencia, amenazas previas, control coercitivo, relaciones de poder desiguales y cualquier condición de vulnerabilidad de la víctima.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma consiste en que la falta de una denuncia previa ya no será un obstáculo para acreditar la legítima defensa.
El legislador argumentó que muchas mujeres no denuncian debido al miedo, la dependencia económica, la presión familiar o el temor a sufrir represalias por parte de sus agresores.
La iniciativa contempla la creación de un nuevo artículo 32 Bis dentro del Código Penal, con lineamientos específicos para evaluar casos relacionados con violencia de género.
Dicho apartado establecería obligaciones concretas para jueces y fiscales al momento de interpretar las circunstancias que rodean una agresión contra una mujer.
Entre los factores a considerar se incluyen las secuelas psicológicas derivadas de la violencia, los efectos emocionales acumulados y las condiciones de subordinación existentes frente al agresor.
También se tomarán en cuenta las dinámicas de control, intimidación y sometimiento que frecuentemente acompañan los casos de violencia familiar o de pareja.
La propuesta reconoce que las agresiones contra las mujeres suelen desarrollarse dentro de contextos complejos que requieren un análisis especializado por parte de las autoridades.
Por ello, busca evitar que las decisiones judiciales se limiten exclusivamente a valorar la reacción de la víctima sin examinar el historial de violencia que la antecedió.
Otro de los cambios planteados consiste en reconocer la legítima defensa ejercida por terceros que intervengan para proteger a una mujer víctima de violencia de género.
La protección aplicaría siempre que la intervención resulte necesaria, proporcional y tenga como finalidad inmediata detener una agresión o evitar daños mayores.
La reforma también incorpora criterios para valorar posibles excesos en la legítima defensa cuando la víctima actúe bajo condiciones extremas de presión emocional.
En estos casos, las autoridades deberán considerar el miedo, la intimidación y las afectaciones psicológicas derivadas de la violencia constante sufrida por la mujer.
El diputado morenista sostuvo que las normas actuales requieren actualizarse para responder a las realidades que enfrentan miles de víctimas dentro y fuera del ámbito familiar.
Explicó que la iniciativa busca garantizar resoluciones más justas y sensibles frente a situaciones donde la violencia ha sido reiterada y sostenida en el tiempo.
Asimismo, afirmó que la propuesta fortalece el acceso efectivo a la justicia para mujeres que han enfrentado escenarios de riesgo permanente.
Vargas Fernández, señaló que la reforma toma como referencia criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de perspectiva de género.
El objetivo, agregó, es armonizar la legislación estatal con estándares nacionales que reconocen la necesidad de juzgar estos casos bajo enfoques especializados.
