Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas podría endurecer las sanciones contra quienes cometan pederastia, al plantearse reformas que elevarían hasta 27 años las penas de prisión cuando exista violencia física contra las víctimas.
La iniciativa fue presentada en el Congreso local por el diputado de Morena, Humberto Armando Prieto Herrera, con el propósito de actualizar el Código Penal estatal y alinearlo con las disposiciones federales para reforzar la protección de menores y personas vulnerables.
Actualmente, este delito contempla condenas que van de nueve a 18 años de cárcel, además de sanciones económicas. Sin embargo, la propuesta establece incrementar hasta en un 50 por ciento la pena cuando el agresor emplee fuerza física.
El proyecto legislativo también considera aplicar las mismas sanciones agravadas cuando la víctima sea una persona incapaz de comprender plenamente los hechos o que no tenga condiciones para defenderse.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra la obligación de que el responsable reciba tratamiento médico especializado, siempre bajo supervisión judicial y sin exceder el tiempo establecido en la sentencia.
Además de la pena privativa de libertad, quienes sean condenados perderían derechos relacionados con la patria potestad, tutela, curatela, adopción, alimentos y cualquier beneficio legal sobre los bienes de la víctima.
La propuesta incorpora igualmente agravantes para servidores públicos y profesionistas que aprovechen su posición o funciones para cometer este delito, contemplando sanciones administrativas adicionales.
En esos casos, además de la condena penal correspondiente, los responsables podrían ser suspendidos, destituidos o inhabilitados para ejercer cargos públicos o actividades profesionales por un periodo equivalente al de la sentencia.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma busca eliminar vacíos legales existentes, homologar criterios con la legislación federal y fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el endurecimiento de las penas contribuirá a inhibir la reincidencia, garantizar una respuesta más firme de las autoridades y reforzar la defensa de los derechos de las víctimas.
