Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La posibilidad de que la exsecretaria de Bienestar, Yahleel “N”, pueda competir nuevamente por un cargo de elección popular dependerá de las determinaciones judiciales y no del órgano electoral, afirmó el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre.
El consejero presidente señaló que cualquier análisis sobre la elegibilidad de la exfuncionaria resulta prematuro, ya que el proceso de registro de candidaturas para la elección de 2027 aún no inicia.
Explicó que, en una primera etapa, corresponderá a los partidos políticos revisar los perfiles de sus aspirantes mediante sus mecanismos internos de selección y postulación.
Posteriormente, será facultad del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas verificar que las personas registradas cumplan con todos los requisitos constitucionales y legales establecidos.
Ramos Charre recordó que las condiciones de elegibilidad para los distintos cargos públicos están previstas en la Constitución local, la Ley Electoral y el Código Municipal.
Precisó que cuando existe un procedimiento penal en curso, corresponde exclusivamente a la autoridad jurisdiccional determinar si procede o no la suspensión de derechos político-electorales.
Las declaraciones surgen en medio del proceso legal que enfrenta Yahleel “N”, quien en dos ocasiones fue candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo y actualmente enfrenta una causa judicial.
El titular del IETAM informó que el calendario electoral será aprobado el próximo 13 de septiembre, documento que establecerá formalmente las etapas del próximo proceso comicial.
Indicó que únicamente durante la fase de registros podrá realizarse una valoración objetiva para determinar si alguna persona reúne o no las condiciones necesarias para contender.
“Actualmente no existen elementos suficientes para emitir una opinión sobre la elegibilidad de una persona en particular”, sostuvo al referirse al caso de la exfuncionaria estatal.
Añadió que la autoridad electoral revisará cada expediente cuando los partidos presenten oficialmente sus solicitudes de registro ante el organismo electoral.
Ramos Charre explicó que el Instituto también consulta información oficial para corroborar que los aspirantes conserven vigentes sus derechos político-electorales al momento del registro.
Subrayó que ninguna persona puede ser postulada legalmente si se encuentra suspendida en sus derechos para votar y ser votada por mandato de una autoridad competente.
Detalló que la cancelación o restricción de esos derechos no es una atribución de los organismos electorales, sino una determinación exclusiva de jueces y tribunales.
