Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la creciente aparición de cebos tóxicos en espacios públicos para matar mascotas, una diputada de Morena impulsó una reforma para cerrar el paso a estas prácticas.
La legisladora Silvia Isabel Chávez Garay denunció que existen personas que colocan alimentos contaminados con sustancias venenosas con el propósito de provocar la muerte de perros.
Por ello presentó una iniciativa de modificación a la Ley de Protección a los Animales, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas contra este tipo de conductas.
La propuesta plantea prohibir expresamente la colocación, distribución, suministro o abandono de sustancias tóxicas en lugares donde los animales puedan tener acceso.
Durante la exposición de motivos, la diputada explicó que los responsables suelen utilizar alimentos comunes para ocultar productos altamente peligrosos para las mascotas.
Entre los elementos empleados destacan salchichas, albóndigas y otros alimentos mezclados con raticidas, insecticidas, anticongelantes o compuestos capaces de causar la muerte.
Chávez Garay señaló que estos actos son ejecutados deliberadamente en sitios frecuentados por animales domésticos con la finalidad de envenenarlos.
Advirtió además que el problema no se limita únicamente a perros y gatos, ya que también representa riesgos para especies silvestres.
La iniciativa sostiene que la presencia de sustancias tóxicas en áreas abiertas puede afectar igualmente a personas, particularmente menores de edad que transitan por esos espacios.
Asimismo, alerta sobre las consecuencias ambientales derivadas de la dispersión de productos venenosos en parques, terrenos baldíos y zonas habitacionales.
La reforma propone incorporar una nueva disposición al artículo 18 de la legislación estatal para establecer una prohibición específica sobre estas prácticas.
La restricción abarcaría calles, banquetas, azoteas, áreas comunes, predios y cualquier otro sitio donde exista la posibilidad de contacto con animales.
Aunque la iniciativa no contempla la creación de nuevas sanciones económicas o penales, busca fortalecer el marco jurídico de actuación para las autoridades.
La legisladora argumentó que contar con una prohibición expresa permitirá intervenir con mayor rapidez ante reportes relacionados con posibles casos de envenenamiento.
