Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los servidores públicos o actores políticos señalados por presuntos nexos con actividades ilícitas deben enfrentar investigaciones en México antes de cualquier intervención extranjera, sostuvo el diputado Armando Zertuche Zuani.
El legislador de Morena afirmó que corresponde a las instituciones nacionales determinar responsabilidades y aplicar la ley a quienes hayan cometido delitos dentro del territorio mexicano.
Consideró que la Fiscalía General de la República debe encabezar las indagatorias necesarias cuando existan señalamientos relacionados con delincuencia organizada o cualquier otra conducta ilegal.
Zertuche Zuani respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a mantener mecanismos de cooperación con Estados Unidos sin renunciar a la soberanía jurídica nacional.
Advirtió que, antes de atender solicitudes de extradición provenientes de autoridades estadounidenses, debe verificarse si existen procesos o investigaciones abiertas en México contra los involucrados.
Añadió que las autoridades mexicanas tienen la obligación de revisar posibles delitos vinculados con operaciones criminales, incluido el llamado huachicol fiscal.
El diputado coincidió con Ricardo Monreal en que los personajes relacionados con grupos delictivos deben responder primero ante los tribunales mexicanos.
Sostuvo que ningún caso de presunta corrupción o vínculos criminales debe quedar sujeto exclusivamente a investigaciones desarrolladas fuera del país.
Durante su posicionamiento, señaló que prácticas heredadas de gobiernos anteriores contribuyeron al deterioro institucional mediante esquemas de corrupción y acuerdos políticos cuestionables.
Afirmó que durante décadas se permitió una dinámica donde la negociación política estuvo acompañada de mecanismos que favorecieron la impunidad y debilitaron la gobernabilidad.
Zertuche insistió en que el Estado mexicano debe asumir plenamente su responsabilidad para esclarecer cualquier señalamiento contra funcionarios o actores políticos.
Subrayó que las instituciones nacionales no pueden quedar desplazadas por procedimientos promovidos desde el extranjero cuando los hechos investigados involucran a ciudadanos mexicanos.
También planteó la necesidad de realizar revisiones exhaustivas sobre aquellos personajes requeridos por otras naciones para determinar si existen responsabilidades pendientes en México.
