Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las denuncias por presuntos abusos dentro de centros de rehabilitación encendieron las alertas en Tamaulipas. Ahora, autoridades estatales y municipales deberán intensificar la supervisión de estos espacios para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas y verificar que operen dentro del marco legal vigente.
El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud y a los 43 ayuntamientos para fortalecer la vigilancia de los llamados anexos.
La medida busca confirmar que estos establecimientos cumplan con las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, relacionada con la atención de adicciones.
La iniciativa fue impulsada por el diputado de Morena, Marco Antonio Gallegos Galván, quien expuso preocupaciones derivadas de diversos reportes ciudadanos recibidos recientemente.
El legislador señaló que varias quejas hacen referencia a posibles irregularidades en centros dedicados a la rehabilitación de personas con problemas de dependencia.
Según el dictamen aprobado, algunos establecimientos han sido señalados por mantener condiciones inadecuadas para la atención de quienes permanecen internados.
Entre las conductas denunciadas destacan presuntos casos de hacinamiento, aislamiento obligatorio, humillaciones constantes y prácticas consideradas degradantes para los pacientes.
También se documentaron señalamientos relacionados con agresiones físicas y psicológicas, además de la ausencia de personal capacitado para brindar atención especializada.
El Congreso advirtió que muchos de estos centros operan con niveles mínimos de supervisión, pese a tratar con personas que requieren atención profesional.
Los usuarios de estos espacios suelen necesitar acompañamiento médico, psicológico y psiquiátrico durante sus procesos de recuperación y tratamiento contra las adicciones.
La Norma Oficial Mexicana vigente establece requisitos específicos sobre infraestructura, servicios profesionales, condiciones sanitarias y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Asimismo, contempla la obligación de garantizar el consentimiento informado de las personas que ingresan a recibir atención dentro de estos establecimientos.
Por esa razón, los legisladores consideraron necesario fortalecer las inspecciones para detectar posibles incumplimientos y corregir prácticas que contravengan la normativa sanitaria.
El exhorto también plantea incrementar las visitas de verificación para constatar que los centros mantengan condiciones adecuadas para el tratamiento de sus usuarios.
Los diputados coincidieron en que una supervisión constante permitirá prevenir abusos y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en estos espacios.
Además, sostuvieron que la vigilancia institucional contribuirá a proteger la integridad física y emocional de las personas que buscan rehabilitarse.
El dictamen subraya que el proceso de recuperación de una adicción debe desarrollarse en entornos seguros, profesionales y respetuosos de la dignidad humana.
Con estas acciones, el Congreso busca garantizar que los centros de rehabilitación cumplan su función terapéutica sin vulnerar los derechos fundamentales de sus pacientes.
